Después de que la grúa retire su vehículo, un ciudadano recurre la sanción. Hacienda le da la razón y le reintegra el importe de la multa. Pero pese a esto, no recupera el dinero abonado a la empresa Aussa en concepto del depósito del vehículo. Las quejas al defensor del ciudadano por esta irregularidad se han multiplicado durante 2010, y así lo recoge la memoria presentada ayer en la junta de portavoces.
En ella, la oficina que dirige Francisco Romo recoge casi una decena de quejas en este sentido y la respuesta negativa de la sociedad responsable del servicio de grúa a devolver el importe alegando que el servicio se ha realizado. Ante estos hechos, el Defensor concluye que debe ser el Ayuntamiento, a través del área de Convivencia y Seguridad, el que realice los pagos, como accionista mayoritario de Aussa.
Esta reclamación, que se ha producido en años anteriores aunque en 2010 se ha incrementado, es una de las recogidas en el informe del Defensor del Ciudadano, que vuelve a reflejar que las quejas ciudadanas se centran en las áreas de Hacienda, Movilidad, Urbanismo, Convivencia y Seguridad y Medio Ambiente -las delegaciones que más asuntos gestionan-. Entre estas reclamaciones, destacan las vinculadas al retraso de los aparcamientos subterráneos para residentes.
Durante el pasado año, según explicó Romo, se han multiplicado las quejas de titulares de plazas de garaje a los que no se les han devuelto los 1.000 euros que abonaron en concepto de reserva. Aunque el Consistorio se comprometió a pagarlo con carácter subsidiario en un acuerdo plenario, esta medida no ha llegado a ser aplicada.
Las quejas por licencias de veladores o por recursos formalizados ante la Delegación de Hacienda vuelven a estar presentes en una memoria que se ha cerrado con 237 expedientes, sólo cinco más que en el ejercicio pasado, y en la que el retraso en las respuestas de las delegaciones, especialmente de Urbanismo, vuelve a quedar reflejado. En el otro extremo, las delegaciones de Parques y Jardines y Medio Ambiente vuelven a mostrarse como las más ágiles en sus contestaciones, al menos hasta el incendio del pabellón de La Madrina.
El informe subraya los avances en materia de accesibilidad y seguridad vial. Las quejas se han reducido sensiblemente ante la aplicación del nuevo marco legal que ha regulado los badenes y ante las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en reducción de barreras arquitectónicas.
En total, durante 2010 se han revisado 232 expedientes, de los que 36 se arrastraban y 201 se habían abierto durante el ejercicio. Sólo 49 casos quedaron pendientes de resolución. Todo esto, con una situación que, según la oficina del defensor del ciudadano, es cada vez más precaria. Durante todo 2010, la oficina ha funcionado con la plaza del técnico responsable de la elaboración de los expedientes vacante. Además, en 2011, la oficina ha sufrido un sensible recorte presupuestario, al igual que las delegaciones, que desde la oficina se califica como "desproporcionado".
