El 26 de mayo de 2003, 62 militares perdieron la vida tras estrellarse el avión Yakovlev-42 en el que viajaban. La investigación sobre el accidente y la identificación de los fallecidos han estado desde entonces rodeados de polémica. Ayer, Fomento aseguró que el aparato no tenía su permiso para realizar el vuelo.
El ex subdirector general de Control de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil, Luis Rodríguez Gil, aseguró ayer en la Audiencia Nacional que el Yak no tenía su permiso para realizar el vuelo en el que se produjo el accidente, informaron fuentes jurídicas.
El ex alto cargo del Ministerio de Fomento compareció ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska como testigo de la causa que investiga la cadena de subcontrataciones que el Ministerio de Defensa encargó a la agencia de la OTAN Namsa para contratar el vuelo, que se estrelló en Trabzon (Turquía) cuando regresaba de una misión en Afganistán.
Rodríguez Gil señaló que su departamento no concedió el certificado de aeronavegabilidad al Yak-42 para el vuelo en el que se produjo el siniestro porque se trataba de una misión militar ajena a sus competencias. Un informe elaborado por el coronel auditor Ricardo Fortún en diciembre de 2003 por encargo del ex ministro de Defensa Federico Trillo señalaba, sin embargo, que el avión contaba con un permiso de Aviación Civil para volar en España. La aparente contradicción podría deberse, según explicó Rodríguez Gil, a que el aparato contara con un permiso correspondiente a un vuelo comercial anterior al de Afganistán y que, por tanto, no sería válido para misiones militares. También señaló la posibilidad de que el avión únicamente tuviera un certificado de aeronavegabilidad de las autoridades de Ucrania, país al que pertenecía la compañía propietaria, UM-Air.
El certificado de aeronavegabilidad permite a Aviación Civil solicitar la documentación de los aviones que realizan vuelos comerciales en España y realizar inspecciones aleatorias para comprobar el estado de los aparatos, según explicaron las citadas fuentes, que indicaron que el viaje en el que se produjo el siniestro no se sometió a esta normativa.
Fortún no pudo ser preguntado por esta cuestión porque compareció en el juzgado antes que el responsable de Aviación Civil. Por ello, las defensas de los familiares de las víctimas se plantean pedir a Grande-Marlaska que le vuelva a citar como testigo.
En su declaración ante el juez, indicó que el ex ministro de Defensa Federico Trillo le encargó el 30 de mayo de 2003 que realizara un informe para dirimir responsabilidades sobre el modelo de contratación del aparato. Para elaborar el denominado informe Fortún, que recogía la existencia de quejas en vuelos anteriores al del Yak-42 sobre retrasos, cambios horarios o mal anclaje de la carga, señaló que trabajó con la documentación que le entregaron el teniente general José Antonio Beltrán y el entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte.
No obstante, indicó que no tenía autonomía para realizar el trabajo de campo mediante el que se elaboró el informe y que, aunque conocía que los vuelos habían sido encargados a siete compañías como UM-Air, nunca llegó a ver los contratos.
Identificaciones. Durante su declaración como testigo, Fortún aseguró que para realizar su informe se le especificó que no investigase las identificaciones de los cadáveres de los 62 militares españoles fallecidos.
Tampoco incluyó en su escrito las quejas del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (Ciset) y del Mando Aéreo de Levante (Malev), la pregunta parlamentaria donde se abordaban esas quejas ni la denuncia de los familiares, porque "no se lo dieron". El informe le fue encargado por Trillo, Beltrán -imputado por los errores en la identificación de los cadáveres- y el Ugarte.
