El Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación de Hoteles de Sevilla constituirán este martes la mesa para la lucha contra la oferta ilegal de alojamientos en la capital hispalense con el objetivo de establecer un protocolo de actuación para la erradicación de estos establecimientos que perjudican al sector y carecen de garantías de cara al usuario.
Según informó en la presentación de este instrumento el concejal delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano (PP), junto con el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Otero, en esa mesa se sentarán los hosteleros; la Subdelegación del Gobierno; la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía; y las Areas de Medio Ambiente, Salud y Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla; además del Consorcio de Turismo.
"Esos establecimientos no tiene la mínima calidad y no pagan impuestos, convirtiéndose en ocasiones en válvula de escape ilegal del sector inmobiliario, algo que no permitiremos", sentencia Serrano, tras apostar por la agrupación de los distintos mecanismos "dispersos" que existen en esta materia.
Así, Serrano apunta de que estas prácticas hacen "daño" a "todos" porque el fraude fiscal afecta a la ciudadanía al completo, además de "perjudicar" el empleo, a los hoteles y a los visitantes. "Las brigadas de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil no controlan a estas personas y no está la cosa para no saber quién entra por las puertas de nuestro país", subraya.
Otero indica, de su lado, que se trata de una mesa "abierta" a la que asegura se irán incorporando nuevos miembros "conforme se considere necesario" y que cubre las peticiones del sector para defender tanto a los empresarios hoteleros, como a los consumidores ante un negocio "ilícito". "No tenemos inconveniente en que las instalaciones inmobiliarias se incorporen al sector, pero que tengan todos sus papeles en regla como el resto", matiza.
Lamenta que sea una práctica "extendida" en Sevilla, aunque también se produce en otras ciudades, ya que "sólo hay que darse una vuelta por el barrio de Santa Cruz y ver las pegatinas en las cabinas o buscar en Internet", pero advierte de que aunque no es algo "nuevo", ante la crisis "duele más el bolsillo" al dañar a los establecimientos "tanto pequeños como grandes".
"La ilegalidad es fácil de descubrir y aunque a los establecimientos normalizados la Policía viene habitualmente a pedir datos de las personas que se alojan, en estas instalaciones ilegales dicen que no pueden inspeccionarlas porque para ellos no existe. Es algo que no tiene sentido", sentencia Otero, que advierte de que "Hacienda y la Policía deben saber hay gente que duerme en Sevilla y ellos ni se enteran".
