Los 8.112 ayuntamientos que tiene España han llegado al límite de su paciencia. Durante los treinta años de democracia han venido siendo la hermanas pobres de la Administración. Los sistemas de financiación del Estado y de las Autonomías siempre han estado bastante definidos desde el principio, pese al actual tira y afloja con el modelo del reparto de fondos de las comunidades autónomas. Pero los municipios han carecido siempre de una fórmula adecuada que les permita acometer con garantías las múltiples necesidades y servicios que prestan a los ciudadanos. Además, padecen dos penalidades añadidas. Son la administración más próxima al ciudadano. Por eso reciben todas las quejas, incluidas las de las otras dos administraciones. Y por si fuera poco, también se hacen cargo de asuntos que no les corresponden. Tareas que tienen que ver con la educación, la inmigración, la vivienda, etc... Esa falta de regulación adecuada de sus ingresos está muy presente además en la mayoría de los abusos propiciados por la vorágine de la construcción durante la última década. La utilización del suelo público poco menos que como fábrica de dinero se convirtió para muchos alcaldes en el salvador asidero con el que poder afrontar los gastos de su Ayuntamiento. Pese a que este tipo de operación se salta la ley. Es hora por tanto de acometer esa segunda descentralización del Estado pendiente y facilitar a las corporaciones locales instrumentos y fondos adecuados para atender las necesidades que prestan. Con el ladrillo en caída libre la situación de muchos de ellos se ha hecho insostenible. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el ente que representa a los ayuntamientos, tiene razón cuando exige una distribución más equitativa de los recursos. El mecanismo vigente no tiene parangón ni siquiera en naciones con estados federados. Nadie puede cuestionar por tanto la mayor. Los ayuntamientos tienen que dejar de ser la cenicienta de la administración. La oportunidad de acometer esa urgente reforma en plena batalla de la financiación autónoma o en una etapa posterior es más discutible. Pero en ningún caso puede volver a aplazarse otra vez sin fecha. Los alcaldes están en su derecho de no volverlo a permitir.
