112 municipios andaluces, casi todos gobernados por el PP, han presentado, con fecha 28 de enero, el anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Aguas por entender que vulnera la autonomía local. La norma, aprobada en julio, delega en los consistorios el cobro de un canon autonómico para financiar las obras de depuración de aguas. El PP critica que sean los ayuntamientos los que recauden los impuestos sin tener "capacidad ni decisión de control del gasto". Sus quejas se toparon con un informe del Consejo Consultivo, que en diciembre concluyó que no existen fundamentos jurídicos para plantear el recurso. La tasa entraba en vigor el 1 de enero pero el Gobierno andaluz la aplazó -junto al impuesto sobre las bolsas de plástico- al 1 de mayo ante las presiones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Con toda probabilidad la resolución del Constitucional no estará antes de la entrada en vigor del canon, pero el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró que los alcaldes populares "cumplirán escrupulosamente la ley" y no se declararán insumisos. Eso sí, emprenderán campañas de información para explicar a los ciudadanos que la tasa va a parar a las arcas de la Junta.
Para recurrir ante el TC se exigía un mínimo de municipios afectados (110 en el caso de Andalucía) y de población (un sexto del total). En la mayoría de los 112 mandan los populares, pero también hay otros gobernados por el PSOE, como Posadas (Córdoba); IU, como Valenzuela (Córdoba) o los municipios jiennenses de Mengíbar y Jódar; el PA, en el caso de Marchena (Sevilla) y formaciones independientes, como en Bormujos (Sevilla). Fuentes del PP admiten que la coordinación del recurso conjunto ha sido difícil. Todos los ayuntamientos tenían que aprobarlo por mayoría absoluta en pleno y luego ratificarlo ante notario.
Dictamen del Consultivo. Para evitar la multiplicación de conflictos ante el Constitucional, la ley exige una consulta preceptiva en aquellas comunidades que dispongan de órgano consultivo. Los ayuntamientos recurrentes solicitaron un informe al Consejo Consultivo, que a finales de diciembre concluyó que no existen fundamentos jurídicos para acudir al Constitucional. Hubo, sin embargo, dos votos particulares de consejeros del PP en el organismo que argumentaron lo contrario. Los populares pretenden que el Alto Tribunal declare inconstitucional la Ley de Aguas por "vulnerar" el artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía. Se oponen, además, a una mayor presión fiscal.
