El caso Mercasevilla ha dado esta semana un giro claro hacia la vertiente política con la imputación de Manuel Marchena, el ex gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE). Un hombre ligado al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, desde su etapa como presidente de la Diputación de Sevilla. Un toque al entorno no sólo del alcalde, sino también a un PSOE que puede verse afrontando una campaña electoral con Marchena imputado en uno de los casos judiciales más sonados y con un ex delegado provincial implicado en otra rama de la causa que investiga la titular del Juzgado de Instrucción 6, Mercedes Alaya.
Pero ésta no ha sido la única bomba que ha salido del despacho de la instructora que más titulares de prensa ha dado en el último año y medio. El jueves se conocía la imputación de Marchena, poco concreta y hecha pública el día antes del Pleno municipal. Esa misma jornada se conocía que la juez Alaya tiene la clara y "obvia" intención de citar a declarar al primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos. Una noticia que atacaría directamente los cimientos del Gobierno municipal y que puede hacer tambalear la carrera electoral de IU, máxime si Torrijos se sienta ante la magistrada en calidad de imputado.
No obstante, esto está aún por ver, porque, si inconcreto era el auto de Marchena, a quien imputa "por su participación en los hechos" sin más aclaración, lo de Torrijos roza lo esperpéntico, pues aunque insinúa los hechos delictivos que en un futuro le podrían implicar en el caso, no aclara si declarará como testigo o como imputado, situación ésta que parece más probable en vista de cómo se está desarrollando el proceso. Primero, hace justamente un año, la Fiscalía de Sevilla se dejó caer con que estaba estudiando la imputación del primer teniente de alcalde y ex vicepresidente de Mercasevilla y del resto de la comisión ejecutiva. Una solicitud que nunca se produjo, pero que sí tuvo su impacto político en la opinión pública.
Ahora se produce esta declaración de intenciones de la magistrada en un auto que sólo es una contestación a un recurso del principal imputado, Fernando Mellet, quien lanza la piedra pero esconde la mano al insistir en que él era un "mandado" y que el "verdadero patrocinador de la fórmula finalmente decidida" para la adjudicación de los suelos de Mercasevilla fue Torrijos. Sin embargo, su acusación no está asentada en pruebas que no sean declaraciones. De ahí que la juez le recrimine a Mellet su actitud o que hasta el propio PP, que ejerce la acusación popular y que ha pedido desde un principio la imputación del número 1 de IU, reconozca que de esta manera Mellet pretende "desviar la atención" intentando "dar una patada hacia arriba al proceso al solicitar la imputación del señor Rodrigo Torrijos, sin aportar ni un dato nuevo que permita al juzgado practicar la imputación de una manera seria y rigurosa".
Eso sí, al menos el primer teniente de alcalde sabe cuál es su supuesto papel, según la juez, en toda esta enmarañada historia: Su "marcado interés" en que la venta de los suelos se hiciera por concurso público y no por subasta, ya que la instructora piensa que tras el mismo pudiera estar "la intención de que la adjudicación la obtuviera una entidad determinada", tal y como se recoge en su último auto. Es más, la magistrada incluso aclara que el hecho delictivo no es fomentar el concurso público frente a la subasta, pues esto sólo sería el punto de partida que podría llevar "a algo más".
¿Cuál es entonces el papel de Marchena? Pues, según el auto, "su participación en los hechos", pero según declaró a la Policía y luego a la juez el propietario de la empresa Larena 98, Antonio Pardal, el hacerle supuestos ofrecimientos a la compañía para que saliera de Mercasevilla en favor de Sando, constructora que finalmente ganó el concurso gracias a los puntos logrados al tener una parcela en el mercado. La falta de concreción es una característica que se ha repetido una y otra vez en los autos de Alaya y una de las principales quejas de las defensas.
Hasta ahora el único cargo político que se había visto implicado en el caso era Antonio Rivas, quien fue luego relevado como delegado de Empleo. Su abogado veía con resignación la generalización al inicio del procedimiento y pedía mayor concreción ante la exposición pública que supone para un cargo político una imputación.
Ya van 15 imputados entre las tres líneas de investigación abiertas (comisiones, venta del suelo y delito societario) y, dado las intenciones manifiestas de la juez, tanto PSOE como IU pueden afrontar la campaña con esta losa sobre sus cabezas. Es más, para entonces, si no se ha celebrado el juicio a Rivas, lo lógico, desde el punto de vista procesal, es que pese sobre él un escrito de acusación.
