En un comentario anterior a éste expuse mi opinión sobre la pretensión de algunos de exigir al Gobierno de España la publicación de las balanzas fiscales regionales. No insistiré, pues, en el asunto. Para cualquier ciudadano progresista, la teoría, confirmada con la práctica, es que los territorios no pagan impuestos, sino que lo hacen los ciudadanos. Si eso es así, y lo es; si no existe contribución de los territorios, resulta imposible aceptar el principio de balanzas fiscales territoriales. En el caso del impuesto sobre sociedades es imposible saber en qué parte de España se ha generado el beneficio. Lo que no permite saber a qué autonomía habría que adscribir esos ingresos fiscales. De igual forma, unas cuentas interesantes para los encargados de articular el invento pasarían por explicar la forma de atribuir territorialmente los cientos de millones de euros de deuda de la administración central. Otra, sería la forma de calcular el coste histórico de la deuda pública estatal, señalando cuál ha sido el destino territorial de los gastos que originaron esas deudas y que, al día de hoy, pagamos todos los españoles independientemente de haber resultado favorecidos o no en el beneficio de ese gasto. Pero tras el debate de investidura, me temo que al final se impondrá la irracionalidad y veremos en unos meses esa publicación que, sólo, conflictos arrojará sobre la inteligibilidad de España. Ante esa evidencia, sólo quedan dos caminos: o seguir predicando en el desierto desde una perspectiva progresista alejada de cualquier pensamiento nacionalista sabiendo que la decisión está tomada, o intentar llevar el argumento hasta el absurdo, de tal manera que se pueda dar marcha atrás en el disparate, salvo que se esté dispuesto a responsabilizarse de las consecuencias perniciosas del invento.
Aquellos que nos oponemos a la utilización estratégica del discurso de los nacionalistas, no tenemos más remedio, en ocasiones, que utilizar tácticamente ese discurso para desmontarlo haciéndolo imposible. En consecuencia nos deberíamos sentir obligados a exigir del Gobierno que, una vez publicadas las balanzas fiscales, continúe el juego, que no lo deje a medio camino y que, a renglón seguido, publique las tablas inputs-ouput al objeto de que la información de que dispongamos los españoles sea la más completa posible para formarnos mejor nuestro juicio y para actuar en función de toda la información.
Como todo el mundo sabe, ese instrumento estadístico desglosa la Producción Nacional entre los sectores que la han originado y los sectores que la han absorbido. En definitiva, se trata de conocer dónde se produce la riqueza y dónde rinde sus beneficios de renta y de fiscalidad. Resultará tremendamente atractivo conocer dónde captan sus recursos financieros determinados bancos y cajas de ahorro y donde se imputa ese dinero que se capta en otros territorios distintos de donde tienen su sede fiscal. De igual forma todos podremos conocer el origen de la energía eléctrica, de cualquier tipo, y el rendimiento fiscal que produce y dónde. Qué decir del domicilio social y fiscal de tantos propietarios agrícolas, dueños de fincas enormes y bien subvencionadas por la Unión Europea, y el origen de los productos agrarios generadores de beneficios y de subvenciones. A la vista de esas balanzas, a las que deberán seguir la publicación de las balanzas comerciales, las balanzas hídricas y cuantas balanzas se puedan imaginar, los responsables políticos e institucionales de cada territorio deberán actuar en consecuencia exigiendo, por una parte, una nueva forma de imputar la renta y los beneficios que refleje la realidad y que evite lecturas equivocadas por parte de aquellos que desean quedarse a medio camino utilizando solo los datos que a ellos benefician y, por otra, haciendo un llamamiento a la población de cada territorio para que tomen buena nota de que sus decisiones bancarias o comerciales van a ser utilizadas en su contra en una futura negociación de la financiación de las Comunidades Autónomas. Si la publicación de las balanzas fiscales ofrece como resultado el discurso del victimismo a la hora de redistribuir la riqueza nacional, sería lógico pensar que los ciudadanos, pudiendo apostar por lo de casa, cometerían un tremendo error apostando por lo de fuera que, además, será esgrimido como arma letal contra la solidaridad interterritorial.
En el debate de investidura, el representante de Convergencia y Unión reclamó del candidato a presidente del Gobierno no sólo la publicación de las balanzas fiscales sino el deseo de esa formación política de ver y examinar esas balanzas antes de que se publicaran; aunque no explicó las razones de la exigencia, todos podemos imaginar que su deseo no es sólo la publicación sino que esa publicación sea efectuada una vez que los datos cuadren en función de sus intereses. En esta lucha absurda de intereses territoriales, los españoles corremos el riesgo de llevar a España a un galimatías que, lejos de enriquecernos más como componentes de un país organizado, promete debilitar al conjunto y a las partes.
