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Balanzas fiscales. Otra vez

Ya en el año 2001, en un trabajo sobre la economía andaluza publicado por Fedea, manteníamos que la misma no se configura como la más favorecida por los flujos financieros públicos. Argumentábamos que si centramos nuestra atención en el papel de la Administración Pública Central excluida la Seguridad Social...

el 15 sep 2009 / 08:35 h.

Ya en el año 2001, en un trabajo sobre la economía andaluza publicado por Fedea, manteníamos que la misma no se configura como la más favorecida por los flujos financieros públicos. Argumentábamos que si centramos nuestra atención en el papel de la Administración Pública Central excluida la Seguridad Social, nos encontramos con que su actuación parece explicar tan sólo el 38% del saldo fiscal de Andalucía, mientras que para otras nueve CCAA dicho porcentaje es sustancialmente superior. Así pues, el mito largamente sostenido de que esta Comunidad Autónoma se encuentra altamente subsidiada no se mantenía.

Estas consideraciones vuelven a estar de actualidad tras la publicación de las primeras balanzas fiscales que se realizan con carácter oficial en nuestro país. Los datos ponen de manifiesto que Andalucía, aún siendo una comunidad con superávit fiscal (recibe más de lo que aporta), no está entre las más beneficiadas por la solidaridad interterritorial, existen ocho Comunidades Autónomas que presentan un superávit fiscal superior al andaluz. Algunos, continúan sin creérselo.

Los resultados son los esperados, una mayoría de los economistas mantenemos que el componente de redistribución personal de la renta explica más del noventa por ciento de los saldos fiscales y que la misma se produce de forma automática y su sentido vendrá determinado por cuál sea el patrón distributivo del sistema fiscal y de la política de gasto público.

Si éste tiene carácter progresivo, o al menos proporcional, en los ingresos y regresivo en los gastos, automáticamente, si la distribución territorial de la renta no es homogénea entre todos los territorios, normalmente habrá una redistribución de renta de las regiones de renta alta (que tendrán un saldo fiscal negativo) a las de renta baja (que lo tendrán positivo) ya que en las primeras, con una renta per cápita superior a la media, la participación en la renta, por definición, superará a la participación en la población, mientras que en las segundas, es decir, las regiones de renta baja, sucederá exactamente lo contrario.

Estas transferencias de rentas no se producen, según escribía el conseller Castell, como resultado de una determinada opción de política territorial de gobierno. No es la consecuencia de una voluntad explícita de redistribución de renta de las regiones ricas hacia las pobres, sino que es el resultado de una cierta lógica, que puede tener un fundamento estrictamente individual, de unas ciertas reglas de juego, sobre cómo deben distribuirse los impuestos y los servicios públicos entre los individuos. Por lo tanto, parece claro que la dimensión de los saldos depende de la estructura más o menos progresiva del sistema fiscal y de los patrones de distribución del gasto público estatal.

En consecuencia, entendemos que si se desea conseguir un mayor equilibrio de las balanzas fiscales habría que proponer una reforma general del sistema fiscal estatal y/o una nueva determinación de los patrones distributivos del gasto público central. En este contexto, cuando se habla de reducir los saldos fiscales habría que explicar muy claramente a la ciudadanía qué impuestos y qué gastos se van a reformar y cuáles son sus efectos sobre la distribución personal de la renta. Lo contrario, implicaría alterar los principios de la distribución de los costes y beneficios de la acción de la Administración Central por la puerta de atrás.

Catedrático de Hacienda Pública

jsanchezm@uma.es

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