El consejero de Vivienda convocó el miércoles a bancos y cajas ante los problemas de financiación que hacían peligrar el Pacto de VPO. Sin embargo, tras la reunión afirmó que las entidades no sólo garantizan su aportación sino que quieren aumentarla. Eso sí, piden más datos sobre la viabilidad de promotores y posibles compradores.
Las 31 entidades financieras firmantes del Pacto por la Vivienda "ratifican punto por punto los compromisos adquiridos en diciembre", según el consejero Juan Espadas, esto es, destinar 9.550 millones de euros para poner a disposición de los andaluces 300.000 VPO en diez años.
Desde que comenzó la crisis, constructores y posibles compradores se lamentan de que bancos y cajas han cerrado el grifo a la financiación de promociones e hipotecas, con el consiguiente parón del sector que durante años fue el motor de la economía andaluza. El miércoles, la constructora Profasán dejó colgadas 26 VPO en Estepona promovidas por la empresa municipal Emmvies al quedar en concurso de acreedores (antes quiebra).
Estas dificultades de financiación fueron reconocidas varias veces por el propio Espadas, que incluso llegó a advertir que la Junta sólo trabajaría con aquellas entidades que financiaran VPO. Pero el consejero salió "muy satisfecho" de la reunión de ayer y convencido de que "no hay cierre de grifo". "Yo creo que hay que desdramatizar la situación. Si hoy me están ratificando su compromiso, no tengo por qué dudar", aseguró.
De los 9.550 millones que las entidades firmantes del pacto se comprometieron a aportar, 5.047 corresponden a las 132.000 VPO previstas entre 2008 y 2012, periodo de vigencia del Plan Concertado de Vivienda y Suelo (este año deben calificarse 14.000 y la Junta asegura que ya se ha superado el 60%).
Concretar cifras . Ahora, según lo acordado el miércoles, cada banco o caja tiene tres semanas para enviar a la administración el convenio en el que concreta la cantidad que aportará a la financiación del plan, calculada en función de los cupos del anterior pero que, según Espadas, muchas ?entre ellas las cinco cajas andaluzas y también bancos privados- quieren incrementar porque "el sector de la vivienda protegida constituye un área de gestión de interés para las entidades financieras".
Lo que sí demandaron las entidades a la Junta es más transparencia en la información relativa a dónde se ubican las promociones, qué empresarios están detrás y cuál es su situación, así como el perfil de los adquirientes y su capacidad económica para la compra -alegan que hay más compradores arrementidos que hipotecas denegadas-. El consejero se comprometió a facilitar a las entidades financieras la máxima información sobre los promotores "que antes sólo estaba en poder de la administración".
Asimismo, reconoció la necesidad de modificar los registros de demandantes para que "no baste con apuntarse sino ver qué capacidad económica tienen y en función de eso qué tipo de vivienda es el más adecuado" y ponerlos a disposición de promotores y bancos. La creación de este registro pormenorizado será una de los aspectos regulados en la futura Ley de Vivienda, que prevé presentar al Consejo de Gobierno en diciembre para que pase al Parlamento en enero.
La Junta no será avalista . Espadas también respondió a la petición de la patronal sevillana de la construcción Gaesco de que la Junte avale directamente a los compradores de VPO, una propuesta que "económicamente no es viable" y ante la que considera "más lógica la titularización de avales" o los créditos del ICO a entidades financieras que avalen VPO, pendientes del desarrollo normativo. "Parece mentira que los defensores a ultranza del liberalismo económico ahora defiendan intervenciones durísimas", subrayó.
