Barcelona contará con el primer fiscal en toda España especializado en casos de acoso inmobiliario, un fenómeno por el que entre 2004 y 2007 se presentaron más de 509 denuncias en las oficinas municipales de vivienda de la capital catalana, de las que siete llegaron a los tribunales.
El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y la Fiscal Superior de Cataluña, Teresa Compte, firmaron para ello ayer un acuerdo para que ambas instituciones actúen de manera coordinada si se comprueba que existen indicios de acoso entre los casos que se denuncian en estas oficinas de atención al ciudadano.
El acoso inmobiliario define las prácticas dirigidas a deteriorar la vivienda de un inquilino o un propietario, así como la presión de los especuladores de este sector para que los afectados abandonen el inmueble, normalmente de renta antigua, o afectado por un plan urbanístico. Las funciones de este fiscal especializado -en una experiencia piloto que Compte ha adelantado quiere que se extienda a otras zonas de Cataluña- serán las de coordinarse con el Consistorio para analizar estas denuncias, instruir las diligencias de investigaciones si fuera necesario y presentar ante los tribunales los casos de posible acoso si estos han de seguir la vía penal.
No obstante, y antes de llegar a este extremo, el Ayuntamiento -a sabiendas de que ahora cuenta con el respaldo disuasor de la Fiscalía frente la acción de los acosadores- intentará hacer servir la vía de la mediación con los residentes (utilizada con éxito en 23 casos), y sólo si esta falla se recurrirá a la vía penal.
El Consistorio tutelará a los afectados por medio de la red de oficinas de vivienda, donde se recogerá la documentación que acredite esta posible conducta delictiva, que ha proliferado en los últimos años, sobre todo en Ciutat Vella, donde se produjo el 33% de estos 509 posibles casos de acoso, la mayor parte están ahora siendo documentados.
