Los reproches por corrupción volvieron a monopolizar ayer el pleno del Parlamento. El consejero de Economía, Antonio Ávila, negó que las empresas que están siendo investigadas por posibles irregularidades en ayudas del Plan Bahía Competitiva hayan recibido ni un "solo céntimo" de la Junta y acusó al PP-A de retomar el "circo mediático" para desviar la atención sobre el caso Bárcenas. Los populares denunciaron que fallaron todos los controles y que el plan de empleo de Cádiz se ha financiado con el "mismo fondo de reptiles" de los ERE.
Durante su comparecencia, el consejero explicó que fueron los técnicos de la Junta los que detectaron en 2011 indicios de posibles irregularidades en ayudas a empresas en el marco del denominado Plan Bahía Competitiva. Tras contrastar todos los datos, se comunicaron a la administración central y se denunció ante la justicia y el Banco de España. Señaló que todavía está esperando que por parte del PP haya un reconocimiento público a los técnicos que detectaron a través de controles de la Junta ese intento de fraude a la administración autonómica, y advirtió de que en nada ayuda "la mentira ni el desprestigio" de las instituciones.
Antonio Ávila lamentó que el PP-A esté utilizando este plan para "desprestigiar" a la Junta y para desviar la atención de cualquier tipo de responsabilidad. Para el consejero, no es casual que el PP retome este asunto ahora para intentar desviar la atención sobre el caso Bárcenas. Pretender hacer ver que "todos somos iguales", cuando no es así, sentenció.
El rifirrafe lo protagonizó con el diputado popular Antonio Sanz, quien aseguró que el Plan Bahía Competitiva se ha financiado con el mismo "fondo de reptiles de los ERE" e hizo entrega al consejero de un documento al respecto. Sanzpidió prudencia a Ávila "a ver si va ocurrir lo mismo que con los ERE y más de uno va a acabar en la cárcel". Señaló que este asunto es la historia de "una gran mentira y un gran fraude con el dinero de los parados". El diputado del PP insistió en que con el Plan Bahía Competitiva se ha llevado a cabo el mismo modus operandi que con los casos ERE e Invercaria, en manos de la justicia.
