Entre los grandes objetivos de las obras del plan 8.000 figura la eliminación de barreras arquitectónicas. En más de 5.000 puntos repartidos entre 200 calles. Pero la ejecución de este plan está generando algunas críticas que llevan a la coordinadora de la mesa de trabajo sobre discapacidad a pedir una agencia que supervise los trabajos.
La ejecución de las obras en la ciudad está generando dos tipos de problemas para los discapacitados, según las reclamaciones llegadas a la mesa de trabajo que elabora la ordenanza de discapacidad. Por un lado, no siempre se habilitan pasos durante los trabajos para las personas de movilidad reducida e incluso se tapan con vallas los rebajes existentes. Por otro, en algunos puntos de la ciudad, la ejecución técnica de los proyectos genera dificultades para personas de movilidad reducida. Los principales problemas se han detectado en el Casco histórico, según explicó a este periódico Miguel Ramón García, responsable del área de accesibilidad de la Asociación Provincial de Discapacitados de Sevilla: “Se han puesto rebajes y calles con adoquines pequeños que son muy malos para las sillas de ruedas. La normativa los permite, pero ya hemos pedido en varias ocasiones que se eviten en la medida de lo posible”. Es el tipo de materiales que se está instalando en zonas como un tramo de San Eloy.
Ésta y otras reclamaciones, como rebajes de medidas incorrectas o incluso zonas en las que no se han resuelto de forma adecuada las barreras tras las obras, han sido remitidas a la mesa de trabajo que elabora la ordenanza de accesibilidad y que coordina, Cristina Vega. La también directora de la Agencia Local de la Energía admitió la existencia de problemas: “Hemos recibido quejas. Es necesaria una agencia local que supervise todas las obras. Por muchos trabajos que haya, siempre hay problemas técnicos que deben ser supervisados. Hay fallos en algunas calles”.
Esta semana la mesa de trabajo de accesibilidad se reunirá precisamente para debatir la necesidad de impulsar un órgano de coordinación para la accesibilidad en las obras. Una agencia local que ya recoge el borrador de ordenanza en su artículo 68. Sus competencias quedan así definidas: “Instaurar un sistema de información general y resolución de problemas por barreras; supervisar proyectos arquitectónicos, urbanísticos y de mobiliario urbano; proponer la supresión de cualquier medida contraria a la accesibilidad y establecer un marchamo local de garantía de accesibilidad universal”.
La ordenanza, que recoge toda una batería de requisitos para las nuevas obras en la ciudad que deben supervisadas por el Ayuntamiento y por las propias empresas de acuerdo a los pliegos de condiciones, plantea incluso que para no aplicar estas exigencias será necesario una declaración de imposibilidad física para acatarlas.
La ordenanza de discapacidad ha sido sometida a un proceso de participación y ha recibido numerosas sugerencias de asociaciones y ciudadanos. Ahora entra en su recta final.
