Cinco días antes de acudir como imputado a la Audiencia Nacional por sus declaraciones contra la Corona, el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso (IU), aseguró ayer que se reafirmará ante el juez Fernando-Grande Marlaska, a quien le mostrará la documentación en la que basa sus acusaciones.
Barroso tiene el respaldo de su partido. El presidente ejecutivo del Partido Comunista de España (PCE), Felipe Alcaraz, le dio su "total apoyo", ya que, dijo, es "normal" poder llamar "corrupto" al Rey Juan Carlos, porque que es un "funcionario de la política que está sometido al calor de la cocina". La dirección provincial de IU en Cádiz también arropó al regidor y lamentó que la Justicia "malgaste su tiempo en luchar contra los ideales republicanos".
A su cita judicial el próximo lunes por un presunto delito de injurias, Barroso llevará consigo publicaciones de periodistas e historiadores que relatan episodios de la vida del rey Juan Carlos. Para defender por qué llamó "corrupto" al monarca, el regidor se basa en libros como El negocio de la libertad o El último Borbón, obras que se han publicado en España sin ninguna traba y cuyos autores no tienen cuentas pendientes con la justicia. Por este motivo, el alcalde cree que el proceso abierto contra él busca su "liquidación moral".
No sólo reiteró las críticas que hizo públicas el pasado 14 de abril en un acto político, a las que debe su imputación, sino que también acusó al rey de recibir subvenciones a fondo perdido de las monarquías saudíes y de utilizar los fondos reservados para cuestiones personales. "Al rey se le ha estado pagando los encuentros amorosos, no a él en este caso, sino a Doña Bárbara Rey", apuntó.
El alcalde dijo que no dejará su cargo ni siquiera si es condenado, porque se sentiría como un perseguido político y se le habría juzgado por defender sus ideales republicanos. "Imputado o procesado, ni por lo uno o por lo otro voy a dimitir, porque si me procesan lo hacen por un delito de opinión política, no por robar, ni ni por malversar", señaló. Podría ser condenado a penas de entre seis meses y dos años de cárcel.
