No son sólo los pisos sociales los que el Ayuntamiento mantiene vacíos, con 24 sin adjudicar a pesar de tener a 701 familias en lista de espera: la entrega de las VPO también es más lenta de lo que la demanda social requiere. Por eso, sólo medio año después de la vez anterior, la Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, vuelve a llamar a las puertas de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) para que clarifique qué medidas ha emprendido para facilitar la ocupación de VPO vacías. La institución estatal procede así después de que considere que el Consistorio hispalense ha acatado de forma parcial las recomendaciones que elevó en el Estudio sobre Viviendas Protegidas Vacías del pasado 21 de marzo. Así lo refleja en una respuesta del adjunto primero al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, a un requerimiento realizado por el portavoz municipal del PSOE, Juan Espadas, que reclamó una revisión de la política de Emvisesa al considerar que incumple de manera absoluta todas las recomendaciones realizadas. La Defensora del Pueblo Español no ha aceptado de momento la queja de incumplimiento. Pero no lo hace porque previamente se debe cerciorar de los deberes por hacer que denunciaron los socialistas. Por ello, ha decidido volver a dirigirse al Gobierno de Juan Ignacio Zoido para solicitarle una información más precisa sobre la creación de un registro de VPO en el que figuren los datos sobre las viviendas públicas de Emvisesa, así como las medidas adoptadas para facilitar la ocupación de viviendas públicas vacías.
A su vez, requerirá documentación para confirmar que el Gobierno local está haciendo caso al estudio publicado por la institución y, desde marzo hasta la fecha, ha iniciado acuerdos de colaboración con otras administraciones para propiciar el acceso a las VPO existentes. Por último, también solicita que se pronuncie con datos concretos sobre la eficacia en la actividad inspectora en materia de viviendas protegidas realizadas por Emvisesa.
En la carta remitida al PSOE, la institución estatal también informa de que Emvisesa ve inviable atender a una de las principales demandas del estudio: que se varíe la oferta de vivienda de compra por la de vivienda de alquiler con opción a compra, que es una de las opciones que están más demandadas en España. Así, en un escrito fechado el 30 de octubre, Emvisesa comunica la inviabilidad de proceder a esta recalificación ya que la recuperabilidad de la inversión en alquiler es a muy largo plazo (más de 25 años) lo que haría la empresa insostenible desde el punto de vista financiero y económico.
En resumen, Emvisesa no sobreviviría con las migajas que reporta el alquiler. Necesita vender sus viviendas que están en fase de comercialización para recuperar la inversión que supuso su construcción. En su explicación, incluso alude a que si accede a la recomendación del estudio podría ir en contra de la ley de reforma de la administración local que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.
En ese mismo escrito, Emvisesa concreta medidas para facilitar la venta de VPO. La entrega de llaves se efectúa cuando se abona el 5% de la aportación inicial en vez del 20% estipulado, y se amplía el plazo de pago. También se fija una moratoria en el pago hasta el 31 de enero para las promociones terminadas, que se amplía hasta el 31 de mayo de 2014 para dos promociones del Polígono Aeropuerto: la de 147 VPO entregadas en noviembre y las 134 viviendas restantes, también de esta zona de Sevilla Este, que la empresa municipal de la vivienda confía en entregar las llaves a sus inquilinos entre este mes y enero de 2014.
Pese a estos requerimientos de la Oficina del Defensor del Pueblo, ésta puntualizó que no puede realizar una suerte de auditoría sobre la gestión de la vivienda municipal, ni supervisar la actuación administrativa de cada procedimiento que afecte a los vecinos. Así, recuerda que a esta institución no le corresponde realizar valoraciones sobre la política del Ayuntamiento, aunque sí resulta procedente solicitarle que se pronuncie ante una serie de cuestiones puntuales relativas a las recomendaciones formuladas.
En la documentación que aportó el Ayuntamiento se indicaba que no había ni una sola vivienda vacía de Emvisesa y que todo el paquete estaba en fase de comercialización, con un plazo de entrega de entre uno y seis meses, según explicó en marzo. Nueve meses después, de las 719 VPO que quedaban por entregar sólo se han adjudicado las 147 mencionadas del Polígono Aeropuerto. Es más, en el Pleno de mayo, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, cuantificó las viviendas en venta vacías en 184, con la coletilla de que estaban en proceso de adjudicación entre los demandantes que tenían registrados. A 30 de diciembre de 2012, la lista a la espera de una VPO se situaba en 16.682 personas. El 90% prefería el alquiler con opción a compra.
El PSOE lamenta que VPO y pisos sociales sigan sin uso. La solicitud de la Defensora del Pueblo Español viene precedida de una carta del PSOE que buscaba desnudar las carencias del Gobierno municipal en materia de vivienda. Unos incumplimientos que dividió en cinco puntos. El primero de ellos es, según los socialistas, la inexistencia de un registro único de VPO, así como la falta de claridad sobre las viviendas con fines sociales, que según avanzó este periódico el viernes suman un total de 701 casos.
La carta, firmada por el portavoz socialista, Juan Espadas, también reprocha al Consistorio que haya renunciado a cualquier forma de colaboración con la Junta de Andalucía. De igual manera, cuestiona la política de inspección de VPO, citando por ejemplo la tardanza a la hora de clarificar concesiones de viviendas como la que obtuvo el delegado del Distrito Norte, Juan García Camacho, cuando incumplía un requisito: tenía vivienda propia.
La carta, firmada por el portavoz socialista, Juan Espadas, también plantea una revisión del régimen de protección, aunque en este punto el Gobierno local es taxativo: no pueden pasar los pisos de venta a alquiler por causas económicas.
