Un hecho. La legislación europea permite una cobertura de las rentas de los olivareros mediante un sistema de almacenamiento privado, que consiste en retirar aceite de oliva para propiciar una recuperación del precio si éste baja del umbral de la rentabilidad. Es un paraguas que, concebido hace trece años, sustituyó a la compra pública de cosecha o régimen de intervención, que otrora tuviera idéntico objetivo.
Una realidad. Con el respaldo del Gobierno central y de la Junta de Andalucía -ésta última constata que la cotización actual está rozando los costes de producción del oro verde, es decir, que el agricultor no gana y, por tanto, se ve obligado en ocasiones a malvender a pérdida-, existe unanimidad en el campo para reclamar a Bruselas que, por segunda vez en dos años, abra el paraguas que dé cobijo a los olivicultores.
Un recuerdo. En la retina quedan imágenes de los camiones literalmente tirando miles y miles de toneladas de hortalizas y frutas en Almería, Granada y Huelva para, así, eliminar el exceso de oferta que hacía ruinosos los precios en los mercados. A ver quién entiende ese tipo de medidas, alimentos pudriéndose por los suelos, con tantísima hambre como existe en este mundo. Con el aceite, ni siquiera eso, no cabe arrojarlo a alcantarilla o arroyo, menudo problema medioambiental, qué impacto, además, la visión de ese oro despilfarrado.
Una persecución. La Comisión Nacional de la Competencia, organismo adscrito al Ministerio de Economía y que preside Luis Berenguer, percibe acuerdos de precios, prohibidos para guarecer la libertad de mercado, en cualquier manifestación de la agroindustria que hable, aunque de refilón sea, de la marcha de las cotizaciones, y saca la sanción ya sea para los hueveros, panaderos o polleros y sus asociaciones respectivas.
Una contradicción. Si opinan las patronales alimentarias, a investigar, incluso los comunicados de prensa, las declaraciones a radios y televisiones, además de las recomendaciones que dan a sus socios, qué sentido tienen por tanto si no actúan para defender los intereses de sus miembros, el sinsentido.
Una discriminación. Frente al celo agroalimentario, ninguna actuación contra los servicios de estudios de bancos que predicen que las viviendas se abaratarán o encarecerán en tal porcentaje, y Berenguer como si oyera llover, como si no condicionaran el mercado inmobiliario y no estuvieran ellos mismos repletos de pisos por vender. También se deja ir de rositas a las tres agencias internacionales de calificación del riesgo que, con sus consejos, aquí compra, allí vende, determinan el destino de Estados enteros, así se ha visto en Grecia, Irlanda, Portugal e incluso España.
Una opinión. Ha dicho en Sevilla Luis Berenguer que bien por la Comisión Europea que no autoriza el almacenamiento privado para el aceite de oliva, porque, argumenta, puede constituir una infracción para las normas de la competencia y, por tanto, se haría daño a los consumidores. Esto es una opinión, y lo del principio de este análisis es un hecho, la base legal. Y si se refiere a la ayuda pública al agricultor, que vire también los ojos hacia la banca.
