El Gobierno italiano aprobó el viernes un proyecto de ley con el que el primer ministro, Silvio Berlusconi, intenta conseguir la ansiada inmunidad que le permita suspender los juicios que tiene pendientes por corrupción. Da así un paso más que ya intentó, sin éxito, en su anterior mandato (2001-2005).
"No es posible que me tenga que dedicar todos los sábados a preparar las audiencias de los juicios en vez de trabajar para el país". Así justificó Berlusconi hace unos días su intención de volver a presentar una normativa que la oposición considera que está hecha a su propia medida.
Así, en 2004 presentó una ley que otorga inmunidad a los cinco cargos más importantes del Estado, pero, tras ser aprobada por el Parlamento, el Constitucional la anuló al considerarla contraria a los principios de la Carta Magna.
El líder del centroderecha ha esperado poco más de un mes desde su reelección como presidente del Gobierno para volver a la carga con una nueva versión de esta norma que logre superar los obstáculos planteados en 2004 por el Constitucional.
En una misiva enviada hace unos días al presidente del Senado italiano, su correligionario Renato Schifani, ya anunció su intención de volver a presentar esta ley para "evitar -dijo- que se pueda utilizar la justicia contra quien se encuentra en los más altos niveles institucionales del Estado". Esta vez, el magnate de la televisión y el político más rico de Italia no quiere sorpresas y ha encargado su redacción al ministro de Justicia, Angelino Alfano, y a su abogado y también diputado, Nicolò Ghedini.
La nueva ley prevé aplicar la inmunidad a los presidentes de la República y del Gobierno y a los de la Cámara de Diputados y el Senado, mientras que presenta como novedad la exclusión del responsable del Tribunal Constitucional, que sí figuraba en 2004.
De esta manera, no podrán ser juzgados o investigados durante la duración de su mandato por delitos que no sean relativos a su cargo institucional, aunque este tiempo no contará para la prescripción de los procesos.
Para evitar problemas de anticonstitucionalidad, la nueva norma incluye algunos cambios, como que las víctimas de los procesos contra estos altos cargos puedan continuar sus acciones legales por la vía civil.
Además, establece como límite de la inmunidad la duración del mandato e introduce la posibilidad de renunciar a este privilegio. "Hemos trabajado sobre los puntos débiles de la ley de 2004 tachados de inconstitucionales y hemos propuesto de nuevo los principios valorados positivamente", explicó Alfano.
Berlusconi ha dado prioridad a la aprobación de esta ley, por lo que antes de su llegada ayer al Consejo de Ministros ya se había puesto una fecha para comenzar su ratificación en el Parlamento: el 28 de julio.
El titular de Justicia aseguró en rueda de prensa que la ley "dará mayor equilibrio y serenidad a los máximos cargos del Estado". Alfano destacó la importancia de la norma para la vida democrática del país y esgrimió el argumento de que, al margen de esta ley, si Berlusconi fuese condenado "no tiene la obligación de dimitir". La portavoz en el Senado del Partido Demócrata en la oposición, Anna Finocchiaro, sugirió en cambio que entre en vigor la próxima legislatura para que no dé pie a polémica.