El ministro de Justicia calificó de adecuados los dos años de suspensión a la secretaria del juez Tirado y cuestionó que la sentencia de Santiago del Valle no se ejecutara por la falta de medios, pues si la Justicia fuera tan caótica "veríamos casos Mari Luz todos los días". La funcionaria estudia ya recurrir.
"Si fuera real ese estado caótico de la Administración, veríamos casos Mari Luz todos los días". Con estas palabras, el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo cuestionaba ayer los argumentos de jueces y secretarios judiciales que explican que el presunto en asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, no fura encarcelado por falta de medios. Para Bermejo es mucha "casualidad que esto solo ocurra muy de vez en vez y suele coincidir con actitudes negligentes", contestando a los que afirman puede volver a ocurrir.
Bermejo no dudó en tachar de corporativistas a los secretarios, ante las criticas a la sanción impuesta a la de Penal 1, Juana Gálvez, afirmando que "desde sectores corporativos [por los jueces] ya se intentó desplazar la responsabilidad" del juez. "No es nuevo, se ha venido haciendo desde el principio de este caso", añadió.
Así el ministro defendió la sanción a la secretaria y deseó que el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eleve el castigo al juez Rafael Tirado a los tres años de suspensión que pide el fiscal, rectificando "una decisión no loable", que ha hecho que la sanción de la secretaria "parezca desproporcionada", al compararla con una multa de 1.500 euros.
En este sentido, Agustín Azparren, uno de los ex vocales del Consejo que votó a favor de la multa a Tirado, recordó ayer que no hay relación directa entre la muerte de Mari Luz y la actuación del juez, y calificó de "barbaridad" la sanción a la secretaria judicial.
Mientras, la secretaria pasó gran parte de la mañana, celebrando juicios. Al concluir, no quiso hacer ninguna declaración, encerrándose en su despacho, permanentemente vigilado por la Guardia Civil. Sólo quiso confirmar a través de una funcionaria que ya está estudiando la posibilidad de recurrir.
Para ello tiene dos vías: agotar la administrativa e interponer un recurso de reposición ante el Ministerio de Justicia, que de poco le serviría, o acudir directamente a la vía contenciosa administrativa, en los Juzgados Centrales en Madrid. No obstante, este recurso no paralizaría su sanción, salvo que pida la suspensión cautelar a un juez, por lo que en cualquier momento Justicia podría hacerla efectiva.
Gálvez se vio arropada ayer por los funcionarios de su propio juzgado que en un comunicado calificaron de "excesiva" la sanción, ya que "obedece a cuestiones políticas", cuando afirman que han sido los políticos "los que han provocado esta lamentable situación". Asimismo, critican que es "mucho más fácil dar castigo a una persona, que solucionar el problema" y recordaron que en España hay 270.000 delincuentes pendientes de entrar en prisión, "cometiendo delitos".
