El ministro de Fomento, José Blanco, ha advertido a los promotores que si quieren dar salida a su 'stock' de viviendas no pueden versar todos los esfuerzos en el ámbito público y tienen que seguir ajustando sus precios.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Vivienda del Congreso, Blanco fue claro: "la capacidad de intervención pública para liberar el 'stock' es limitada", declaró. En este sentido, señaló que el "principal mecanismo para conseguirlo" es "ofrecer precios más competitivos en aquellas tipologías de vivienda y suelo en las que el exceso de oferta es más evidente".
"Los tiempos en los que la vivienda y el suelo eran activos que podían ser retenidos únicamente para especular, no van a volver", añadió, para apostillar que "puede ser un error retrasar decisiones de venta pensando que la situación que está atravesando el mercado inmobiliario es un mero bache en el camino".
Con todo, Blanco avanzó que, con el ánimo de reducir este 'stock', se creará una Comisión, en la que participarán el sector financiero e inmobiliario y cuya primera reunión tendrá lugar en la primera quincena de enero. Su objetivo será evaluar las reformas en marcha y elaborar paquetes de vivienda y suelo que podrán ser ofertados en el mercado nacional e internacional.
Blanco indicó que se reforzará la seguridad jurídica de quienes quieren comprar viviendas en España y se garantizará que la propiedad esté en regla cuando sea vendida. Además, se llevará a cabo una ronda informativa internacional para explicar las medidas que se adopten al respecto.
FACILIDADES A LA REHABILITACIÓN
El otro gran reto de la política de vivienda del Gobierno será reabsorber el desempleo en el sector a través de la rehabilitación, que, según Blanco, genera el doble de empleos en relación a la inversión que la obra civil.
En este sentido, el ministro de Fomento avanzó que el Gobierno facilitará "al máximo" la financiación para la rehabilitación, de forma que se puedan obtener préstamos con intereses tan atractivos como las hipotecas y con una tramitación tan sencilla como la de un crédito personal.
Además, se agilizarán los trámites administrativos necesarios para la rehabilitación y se planteará una batería de actuaciones dirigidas a impulsar la actividad de las Empresas de Servicios Energéticos en el ámbito doméstico.
El Ministerio de Fomento también tiene previsto reducir el desempleo en el sector impulsando la construcción de viviendas protegidas, y, para ello, puso el acento en las cooperativas, a las que consideró un "aliado esencial". En este sentido, Blanco avanzó que se favorecerá el acceso al crédito a estas organizaciones y abrió la puerta a la creación de una línea ICO expresamente para ello.
Además, el decreto de reprogramación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, que el Gobierno prevé aprobar antes de fin de año, incluirá condiciones más flexibles, para que las cooperativas puedan seguir recibiendo la Ayuda Directa a la Entrada cuando cuenten con la calificación provisional antes del 31 de diciembre de 2010.
Antes de cerrar el capítulo de la VPO, Blanco indicó que la Entidad Pública de Suelo (SEPES) finalizará antes de que acabe el año seis actuaciones que permitirán dar cabida a más de 4.000 viviendas, de las que el 80% serán protegidas.
Ya en el ámbito del alquiler, el ministro avanzó que su gabinete está preparando la creación de una nueva línea de financiación con fondos el Banco Europeo de Inversiones (BEI), articulada a través del ICO, para costear la promoción de vivienda protegida en arrendamiento a 25 años, que previsiblemente estará lista antes de que acabe el año.
UN SECTOR SOSTENIBLE Y SIN BURBUJAS
El ministro de Fomento anunció también que el Gobierno presentará el próximo mes de febrero el proyecto de Ley de Calidad y Sostenibilidad de Medio Urbano, que, entre otras cosas, favorecerá la viabilidad y la eficacia de las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas y de regeneración urbana integrada.
Por último, Blanco volvió a insistir en que la política de vivienda "seguirá siendo una prioridad del Gobierno", y consideró que "todas las administraciones con competencias en la materia tiene la obligación de controlar más que nunca que no se vuelva a producir una burbuja inmobiliaria".
