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Bloqueadas las obras del colegio privado de Bollullos de la Mitación

Las obras del colegio privado Britannia en un terreno de propiedad municipal están paradas desde noviembre de 2008, por lo que sus 155 alumnos dan clase en caracolas. El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación no descarta retirarle la concesión si en enero de 2010, cuando expira el plazo acordado, no está listo.

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Las obras del colegio privado Britannia en un terreno de propiedad municipal están paradas desde noviembre de 2008, por lo que sus 155 alumnos dan clase en caracolas. El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación no descarta retirarle la concesión si en enero de 2010, cuando expira el plazo acordado, no está listo.

Se trata de una situación paradójica ya que estas familias abonan al mes unos 600 euros (entre cuota y los servicios de comedor y transporte), a los que se suma una fianza de 1.800, por una educación que dista mucho del proyecto que publicitó la empresa.

Su portavoz, Rodolfo Sulit, presenta a la firma como "otra víctima de crisis global" y por la que no han tenido acceso a la financiación necesaria para continuar las obras, presupuestadas en 1,5 millones de euros. Califica como "muy difícil" la situación de la gestora, con deudas pendientes, aunque asegura que la continuidad del proyecto "está garantizada" mediante una nueva fórmula que pasa por la inversión de los padres como acreedores. De este modo, a las familias que quieran que sus hijos continúen en el centro escolar y a las de nuevo ingreso se les exige la adquisición de un bono de entre 5.000 y 20.000 euros con plazos de devolución, de cinco o 10 años.

Unos 60 niños no han renovado la matrícula, aunque según los datos ofrecidos por el portavoz, prevén que la cifra de 155 alumnos se mantenga, porque otros tanto si la han formalizado. Una cantidad similar es la que suman los escolares que abandonaron a lo largo del curso o antes de comenzar. Todos, según apunta, recuperaron la fianza.

El alcalde, Antonino Gallego (PP), explicó que el acuerdo con la empresa, que resultó adjudicataria de un concurso público, establece 18 meses para realizar las obras. De no cumplir el plazo, aseguró que se le retirará la concesión, que entre otras cosas estipulaba el uso compartido por los empadronados del municipio de las instalaciones que a día de hoy no existen.

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