El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha devuelto a la Junta de Andalucía el expediente de revisión de oficio incoado para anular los actos administrativos firmados por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, con relación a la financiación de las pólizas de seguro de rentas asociadas al expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por el mercado central hispalense, Mercasevilla. El Consejo Consultivo, "sin entrar en el fondo del asunto", ha apreciado "diversos defectos" de procedimiento en este expediente de revisión de oficio, como son la ausencia de notificación a "todos los interesados" y la falta de "cumplida respuesta" a las alegaciones de la empresa.
La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Empleo y antes de que ésta fuese integrada en la nueva Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, promovía como se informó en su momento una "revisión de oficio" de los tres "compromisos de abono" firmados en 2007 y 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero para las pólizas de seguro de rentas asociadas al expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por la sociedad gestora del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla.
A través de un documento firmado el pasado 27 de abril por el ya exconsejero de Empleo Manuel Recio y recogido por Europa Press, la Consejería de Empleo acordaba "iniciar procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho" de los mencionados actos administrativos. En concreto, el documento mencionaba los tres "compromisos de abono" firmados por Francisco Javier Guerrero los días 5 de noviembre de 2007, 2 de enero de 2008 y 29 de abril de 2008 para asignar, respectivamente, 3.410.134 euros, 1.609.042 y 1.891.637 euros, para las pólizas de seguro de rentas asociadas a las prejubilaciones de un total de 34 extrabajadores de Mercasevilla acogidos al expediente de regulación de empleo de 2007.
El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento incluido en la trama que investiga la juez Mercedes Alaya sobre la supuesta administración arbitraria y fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos y las falsas prejubilaciones descubiertos en numerosos ERE financiados precisamente con cargo a esta partida.
El juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, en este marco, zanjaba recientemente una demanda promovida por 34 de los prejubilados de este ERE para reclamar la financiación de sus rentas, con una sentencia según la cual Mercasevilla es "la única responsable" de pagar tales rentas.
Mercasevilla, ante este expediente de revisión de oficio, elevó el pasado mes de mayo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo un total de 18 alegaciones. En sus alegaciones, Mercasevilla exponía principalmente que corresponde al consejo de gobierno y no sólo a un consejero la "incoación y resolución" de un expediente de esta naturaleza, reclamando además que fuesen considerados en el procedimiento como "interesados" la compañía aseguradora de la póliza de rentas, "todos y cada uno" de los trabajadores afectados, el comité de empresa de Mercasevilla e incluso el propio Francisco Javier Guerrero.
Mercasevilla, igualmente, reclamaba la entrega e incorporación como prueba, en el marco del mismo procedimiento, de una serie de informes técnicos, entre ellos un "acuerdo de 13 de mayo de 2011 en el que el viceconsejero declaró la improcedencia del inicio de revisión de oficio de las ayudas sociolaborales que no estaban totalmente abonadas y cuyos beneficiarios cumplían las condiciones y requisitos exigidos".
Pues bien, el Consejo Consultivo de Andalucía, comandado por Juan Cano Bueso, ha emitido ya su preceptivo dictamen a cuenta del mencionado expediente administrativo. Este dictamen, recogido por Europa Press, aprecia directamente "la existencia de diversos defectos" de procedimiento en el expediente de revisión de oficio en cuestión, por lo que "sin entrar en el fondo del asunto", el Consejo Consultivo ha resuelto "devolver" el expediente a la Junta de Andalucía.
En su dictamen, el Consejo Consultivo considera como "interesados" en este procedimiento a los extrabajadores adheridos al expediente de regulación de empleo al resultar éstos "afectados sus derechos", aunque no haya sido "necesariamente de manera directa". Señala así el Consejo Consultivo "la falta de notificación de la revisión de oficio a todos los interesados".
Igualmente, admite el Consultivo que Mercasevilla "ha demandado la práctica de determinadas pruebas, una actividad propia de la fase de instrucción, sin que después se haya concedido nuevo trámite de audiencia, alterándose así la secuencia procedimental prevista". "Es evidente que la Administración debe dar cumplida respuesta a estas alegaciones, despejando cualquier duda al respecto", señala el dictamen en cuanto a las alegaciones formuladas por Mercasevilla.
En este punto, el dictamen del Consejo Consultivo avisa de que la Administración autonómica, en este expediente de revisión de oficio, "guarda silencio sobre la solicitud de Mercasevilla de que se reconozca la responsabilidad patrimonial" de la Junta en el caso de que, finalmente, fuesen declarados nulos los citados documentos de Guerrero. "En caso de ser iniciado un nuevo procedimiento, procedería comunicarlo a todos los interesados, concretando los motivos que llevan a sostener que se omitió total y absolutamente el procedimiento, realizando la actividad de instrucción necesaria (...) y dando respuesta a las solicitudes de prueba que puedan formularse", concluye el Consejo Consultivo.
