La multinacional sueca Boliden, cuya mina en Aznalcóllar provocó un vertido tóxico en 1998 y el mayor desastre ecológico de España, considera que el inicio de un proceso de embargo dictado por un juez de su país no supondrá ningún daño financiero para sus cuentas. Las reacciones por este proceso sin precedentes se suceden.
"Boliden mantiene que la compañía no sufrirá ningún daño financiero sustancial como resultado de los procedimientos legales debido al accidente ocurrido en España", asevera la empresa en un comunicado hecho público en su web.
Esta réplica llega después de que el Tribunal de Apelación de Suecia haya declarado como válida la decisión del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla de confiscar a Boliden aproximadamente 141 millones de euros, en concepto de garantía de pago por las presuntas responsabilidades de la catástrofe desencadenada en la cuenca del río Guadiamar tras la rotura de la balsa de lodos tóxicos perteneciente a la mina, que por entonces explotaba su filial y que dos años después cerró sus puertas.
Esa cantidad es la que se le reclama para hacer frente a la costosa restauración de todo el daño generado en la comarca y cuyos efectos todavía se dejan sentir en su flora y fauna. En este sentido, la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, aseguró el pasado jueves, tras conocerse la noticia, que la Junta de Andalucía hará frente a la cuantía que le corresponde aportar ante la justicia sueca al objeto de que en el país escandinavo sea "ejecutivo" el requerimiento que, en junio de 2007, dictó el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla para reclamar la mencionada cantidad. Se trata de un aval necesario para que continúe adelante este proceso.
Reacciones . Por su parte, el secretario general de CCOO, Francisco Carbonero, calificó ayer como "muy positiva" la decisión de los tribunales de Suecia y esperó que la resolución final cree jurisprudencia y la firma se responsabilice del daño causado en los límites de Doñana.
En declaraciones a la agencia Europa Press, recordó que el sindicato ya instó a las administraciones a actuar en esa dirección. "Si se crea jurisprudencia se que evitará que las multinacionales burlen la legislación en cualquier en cualquier parte del mundo y, en especial, en España". En su opinión, Boliden "debe asumir su responsabilidad con el desastre ecológicos y los perjuicios ocasionados".
Por su parte, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, pidió a la Junta de Andalucía que vaya hasta las "últimas consecuencias políticas, económicas y judiciales" contra la multinacional, "para hacerle pagar por el daño cometido hace 10 años al medioambiente de Andalucía".
