El partido del presidente de Bolivia, Evo Morales, ha accedido a corregir "sustancialmente" más de un centenar de los 411 artículos del proyecto de nueva Constitución para lograr un acuerdo con la oposición, según afirmó ayer el vicepresidente, Álvaro García Linera. También ha renunciado a ser reelegido en 2014 para que el referendo salga adelante. "Se han hecho correcciones, se han superado contradicciones y modificado más de 100 artículos presentes en la nueva Constitución", dijo García Linera, al iniciarse la sesión del Congreso que votará la ley para convocar el referendo constitucional.
El vicepresidente señaló que el acuerdo implica un conjunto de "ajustes y superación de contradicciones bastante profundo" respecto al documento aprobado en su instancia final, en diciembre de 2007, por la Asamblea Constituyente en la ciudad andina de Oruro.
Así, destacó que los ajustes incluyen modificaciones en los temas referidos a la estructura del Congreso, el régimen electoral, las autonomías, tierras, justicia indígena y el aprendizaje obligatorio de idiomas de pueblos indios, entre otros.
Uno de los principales pactos consiste en que Morales se ha comprometido a presentarse a comicios generales sólo una vez más, esto sería, en 2009, y no otras dos como temía la oposición y permitía el proyecto de nueva Constitución.
En lo referente a las autonomías, se han incorporado cambios sobre las competencias para los regímenes departamentales y su relación con las autonomías regionales y las indígenas, asuntos que en su momento fueron negociados por Morales y los gobernadores autonomistas.
García Linera señaló, además, de que se convino mantener el actual número de escaños en la Cámara de Diputados (130) pero se aumentan de tres a cuatro los senadores que representarán a cada una de las nueve regiones. Así, de los actuales 27 senadores territoriales se pasará a 36.
Sobre el tema de tierras, uno de los asuntos más delicados en la relación con los ricos productores del oriente del país, se acordó que las reformas se aplicarán "a futuro". Además, el referendo incluye una consulta aparte sobre la superficie para que un latifundio improductivo pueda ser expropiado por el Estado. García Linera precisó que las empresas agropecuarias que se mantengan productivas y cumplan una función económica y social no serán afectadas independientemente de cuál sea su superficie.
En el ámbito de la justicia comunitaria (indígena) el acuerdo es que sólo se aplique a los miembros de una comunidad indígena para evitar conflictos competenciales con la justicia ordinaria. Por último, se determinó que el aprendizaje obligatorio de idiomas indígenas para los funcionarios públicos sea "gradual y progresivo" donde esa lengua sea mayoritaria.
