El Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Sevilla reanudó ayer el juicio que dirime si el concurso de acreedores del Betis fue culpable o no. Declaró José Antonio Bosch Valero, ex administrador judicial de las acciones de Farusa y ex vicepresidente del Betis, y las partes presentaron sus respectivas conclusiones. Los administradores concursales no rebajaron ni un ápice las fuertes multas y largos periodos de inhabilitación para los principales señalados, pero la Fiscalía eximió a Bitton Sport de cualquier pena y el grupo de accionistas también personados en la causa admitió cierta rebaja en el castigo económico para José León, Jaime Rodríguez Sacristán y Manuel Castaño. No así para Manuel Ruiz de Lopera, que puede ser condenado a abonar una indemnización de 20 millones de euros y pasar 15 años sin desempeñar cargo alguno en cualquier sociedad mercantil, por ejemplo el Betis. Bosch se cebó en especial contra Luis Oliver, al que calificó como el jefe supremo en el lapso entre la despedida de Lopera y la intervención judicial (de julio a diciembre de 2010). Hacía lo que quería, dijo a preguntas de la defensa de Rufino González. Entre otras cosas reveló que Oliver cambió el contrato de Pepe Mel tres meses antes de que entrase el nuevo consejo de administración e incluyó una cláusula por la que el Betis debía pagar 1,5 millones de euros si no renovaba el contrato del técnico para la temporada siguiente. Bosch también confirmó que los contratos de los futbolistas eran un auténtico lío. Algunas cantidades se pagaban en dinero negro y no constaban. Eran dobles contratos para pagar en B, desveló. Tras la declaración leyeron sus conclusiones todas las partes implicadas: la administración concursal, la Fiscalía, las defensas de Manuel Ruiz de Lopera, Farusa, José León, Luis Oliver, Manuel Castaño, Jaime Rodríguez Sacristán, Bitton... Los administradores concursales mantuvieron su tesis de que los consejeros, además de Lopera y Oliver, son culpables de mala gestión porque sabían lo que firmaban y no adoptaron medidas que sí se tomaron posteriormente, como el techo salarial de la plantilla. En nombre del trío que trabajó durante meses en las cuentas del Betis, Antonio Jesús González recordó la mala gestión de la última etapa de Lopera y su continuidad en los meses en que mandó Oliver, que agravaron la insolvencia de la entidad. Entre otros detalles citó el innecesario anticipo de pagos a Hacienda. Según los concursales, ninguna de las sociedades vinculadas a Oliver (Orión, Lucerna Technology, Bastogne Corporation y Sport Transfer Management) trabajó para el Betis pero todas cobraron de su caja. Frente a la contundencia de la administración concursal, la Fiscalía aportó un matiz diferente y sólo señaló a Lopera. Aunque considera que Bitton Sport, es decir, Oliver, sí trabajó para el club, no pidió su inhabilitación y el juez, de hecho, la absolvió. El Ministerio Público, en cambio, le exigió que, junto a Farusa, restituyese bienes al club. Adolfo Cuéllar, el abogado que representa a un importante grupo de accionistas personados como acusación, mostró más afinidad con los concursales que con la Fiscalía, aunque en algo estuvo de acuerdo con las defensas de la mayoría de exconsejeros señalados en la causa: la mayor responsabilidad recayó en Lopera y Oliver. Por eso solicitó la rebaja de la petición de multa (que no de la inhabilitación) para los expresidentes León y Rodríguez Sacristán y el exconsejero Castaño, al considerar que actuaron de buena fe. Este viernes se celebrará la última sesión. El caso no quedará visto para sentencia, ya que Oliver ha pedido una prueba pericial y tendrá que haber otra vista en unas semanas.
