Enfilamos la precampaña del 25 de marzo despeñándonos por un peligroso desfiladero, el de las cifras del déficit, con el foco nacional apuntando directamente a Andalucía, que va camino de convertirse en chivo expiatorio de todo el déficit de las comunidades gracias a una peligrosa estrategia del PP convenientemente alimentada por errores del Gobierno andaluz y su consejera de Hacienda, una vez más políticamente incorrecta. En momentos en los que tanto se ha reivindicado la política, en una crisis donde los mercados ordenan y mandan, toca preguntarse por el papel que tienen que jugar los políticos a la hora de manejar datos que no son solo cifras sino indicadores en los que se escudan los susodichos mercados para rematar a un país o una comunidad con no se sabe qué oscuros intereses.
Habría que pedirles a todos claridad, transparencia y altura de miras. En asuntos como éste la política debería de abandonar el trilerismo. Sobre todo porque hay más de un millón de parados en Andalucía a los que no va a ayudar el enredo. El Partido Popular asegura que se limita a jugar su papel de oposición y a denunciar que el Gobierno andaluz es un mal gestor, que está llevando a la ruina a las cuentas públicas. Sostiene Javier Arenas y su entorno más próximo que su deber es denunciarlo. Temen cientos de facturas impagadas en los cajones. Denuncian, dicen, pertrechados en datos oficiales. Cuando Arenas habla de una deuda para Andalucía de 25.000 millones de euros acude a un documento que la Consejería de Hacienda presentó ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera y donde hizo, parece ser, previsiones peores que las que se conocerán en febrero. La última cifra de deuda del Banco de España es de 14.431 millones de euros.
La oposición tiene la obligación de controlar y fiscalizar al Gobierno. El problema es cómo se denuncia, si se utilizan datos veraces, si se deben medir las palabras y sus consecuencias. Sobre todo porque es Arenas, a la luz de las encuestas, quien tiene más posibilidades de ser presidente de la Junta dentro de dos meses y podría arrepentirse del retrato que está quedando de la solvencia andaluza ante agencias de rating, bancos, empresas... Tendrá más difícil colocar deuda pública o pedir préstamos y avales para engrasar la economía si traslada la imagen de que la Junta está a punto de echar el cierre, colgar en la puerta el cartel de suspensión de pagos y mandar a la ruina a cientos de empresas y trabajadores. No solo con llegar a San Telmo podrá borrar esa imagen. Es jugoso ese lenguaje, directo y gráfico, pero alarma. La "herencia terrible" que teme Arenas puede hacerse aún más terrible si esta espiral sobre el déficit no para a tiempo.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha mostrado en Consejo de Ministros, hasta en dos ocasiones, una "gran preocupación" porque la Junta pueda estar en suspensión de pagos. Defienden en el PP que lo hacen por el bien de los andaluces, pero extraña que no salgan también en defensa de los valencianos (tres veces más endeudados que Andalucía, según el Banco de España) y en contra de sus gestores públicos. ¿No les preocupará esa comunidad?
La estrategia de descrédito de la solvencia andaluza está bien orquestada pero cunde y se extiende porque el Gobierno andaluz no puede, ni debe, aseguran en el Ejecutivo, explicar con claridad qué está pasando. La Junta admite que ha ordenado que se posponga el pago de facturas. Una estrategia contable para no desbordar aún más el tope del 1,3% impuesto al déficit público con consecuencias directas para cientos de proveedores, empresas y autónomos. Hay elecciones muy pronto y enfrente una dura oposición que impide exponerse sin chaleco antibalas. Por eso también juega al trile. Por eso y porque arguyen desde la Junta que su deber es protegerse ante la vulnerabilidad de los mercados. Defendió Griñán en el Parlamento que cuando Valencia acudió a pedir socorro a papá Estado, el Gobierno fue leal y guardó silencio. "Como debe ser", dijo. Es igualmente inquietante, claro.
Sorprende que el presidente andaluz defendiera como horizonte para Andalucía un déficit del 1,4% al cierre de 2011 (los datos oficiales se conocerán en febrero) cuando su Gobierno maneja que estará más próximo al 3%. Y encima la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, va y lo cuenta. Con sinceridad, como si fuera una catedrática experta de algún prestigioso gabinete y no formara parte del Gobierno. La lástima es que es ella, otra vez (va por la cuarta y con consecuencias importantísimas para su Ejecutivo), la políticamente incorrecta. Porque no acude a medias verdades y su sinceridad termina por aflorar. Tiene un perfil más tecnócrata que político, juega con poca habilidad con el lenguaje, no maneja los tiempos y eso conduce a situaciones muy indeseables para los intereses electorales del PSOE. Su sinceridad ha dado alas al PP, que ha conseguido demostrar que sus datos no son falsos, estén o no convenientemente utilizados.
La política es maquiavélica. Y ya se lo dijo Maquiavelo al Príncipe: "Hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y disimular". Ojalá imperara otra razón de Estado, la de la ética, la honorabilidad, los valores. Pero no. Y en campaña menos. Así que respondiendo a Diego Valderas en el Parlamento, que se preguntó por quién miente: Mienten todos. Pero por favor, si mienten, que sea por el bien de los parados y no solo para llegar al poder o para no perderlo.
