La constante crisis de precios soportada por los olivareros ha obligado a la Comisión Europea a activar, tras reclamarlo hasta la saciedad el campo español y las administraciones central y andaluza, el almacenamiento privado del aceite de oliva, que no es otra cosa que retirar parte de la producción a cambio de ayudas comunitarias para así intentar que repunten las cotizaciones y que no caiga el cultivo por debajo del umbral de rentabilidad.
Se trata del segundo rescate arbitrado por Bruselas en algo más de dos años -el primero, en mayo de 2009-, a regañadientes -tanto entonces como ahora- y tras una insistente petición expresa de España y, además, movilizaciones de los productores. Desde la capital comunitaria se estima que el sector aceitero arrastra un problema estructural, de mercado y de dispersión de la oferta, mientras que desde el olivar, sin ignorar esta última, habla sobre todo de un problema coyuntural, de precios, que se ha agravado, asimismo, por la crisis económica.
No es que se vaya a retirar toda la cosecha, tampoco todas las categorías se beneficiarán. Concretamente, 100.000 toneladas en el conjunto del olivar comunitario -cifra equivalente a casi la décima parte del aceite español- del virgen -zumo de aceituna en cuya extracción no ha mediado método químico alguno-, quedando al margen el lampante, aquél que ha de pasar por refinería antes de ser embotellado, y el virgen extra, el de mayor calidad y, por tanto, más cotizado.
El auxilio, que los estados aún deben aprobar -la Comisión sólo propone-, será válido para un periodo de seis meses, y la cantidad citada es la máxima. Bruselas sólo admite que el precio se ha situado por debajo del umbral que activa el paraguas europeo en la categoría del virgen, al tiempo que reitera la existencia de problemas "estructurales", contra los que se compromete a presentar un plan de acción concreto en las próximas semanas.
Bruselas recuerda que guardar aceite a cambio de ayudas -el importe de éstas no lo especifica aún a la espera de que se pronuncien los socios de la Unión- sólo es posible si la cotización del aceite se mantiene, durante un periodo representativo, por debajo del precio de referencia: 1,779 euros por kilo en el virgen extra y 1,710 para el virgen.
En las últimas semanas, según reconoce, el precio se ha situado en 1,699 euros por kilo para el virgen. Y no ha tenido más remedio que acceder, pues, a las demandas de España tras unos siete meses con un rotundo no por respuesta dado que esos valores de referencia -justificaba- no se habían violentado.
Pero la cuestión estriba en que tales precios o umbrales mínimos no se actualizan desde 1998, año de aprobación de la Organización Común de Mercado (la OCM o régimen de ayudas europeas) para el aceite de oliva, a pesar del incremento del coste de la vida (inflación), de ahí que, a juicio de la Consejería andaluza de Agricultura, estén desfasados. Así, las organizaciones del campo explican que, por término medio, el coste de producción rebasa en un euro por kilo el precio fijado por Bruselas.
Para evitar que el aceite guardado al amparo de este rescate se agregue en los mercados a la próxima cosecha, que arrancará a comienzos de diciembre, quienes se acojan al paraguas deberán tener retirado el aceite durante los próximos seis meses.
De lo contrario, se correría el riesgo de que el exceso de oferta del llamado oro verde conduzca al efecto contrario, esto es, al abaratamiento.
Sólo el anuncio del auxilio supuso el año pasado una fuerte subida de las cotizaciones, aunque la medida, en lo sucesivo, no tuvo el efecto esperado.
