A Bruselas no le gusta la normativa andaluza que frena la puesta en marcha de grandes superficies comerciales. La Comisión Europea ha abierto un expediente contra España por este asunto y espera un movimiento por parte del Estado antes de dos meses. En este contexto, la Junta aseguró "no estar preocupada" ante un posible proceso sancionador.
La Comisión Europea anunció el jueves la apertura de un procedimiento de infracción a España por las restricciones al establecimiento de superficies comerciales en Andalucía. El Ejecutivo de la UE, que exige una respuesta de Madrid en el plazo de dos meses, recordó que la normativa andaluza se basa en la legislación española sobre comercio al por menor, objeto de otro proceso sancionador y por el que Bruselas ya ha llevado a España ante la Justicia europea.
En efecto, la Comisión decidió en abril pasado denunciar ante el Tribunal de la UE la normativa estatal -y la catalana- sobre grandes superficies, al considerar que imponen a las empresas un proceso de autorización "particularmente complejo y restrictivo" basado en "criterios no suficientemente previsibles y objetivos".
Entre las disposiciones de la norma andaluza que más preocupan al Ejecutivo comunitario se encuentra la obligatoriedad de obtener una licencia comercial específica con anterioridad a la licencia municipal para la implantación y los traspasos de grandes establecimientos comerciales, a partir de 1.000 metros cuadrados en algunos municipios.
Bruselas consideró que los criterios utilizados para decidir sobre la concesión de esta licencia "no parecen suficientemente previsibles ni objetivos, pues dejan un margen de apreciación importante a las autoridades que expiden las licencias, al permitir incluso la participación indirecta en el proceso de decisión de representantes de los intereses económicos ya presentes, lo cual afecta a la seguridad jurídica de los operadores que desean implantarse en Andalucía".
Además, la Comisión denunció que la normativa andaluza establece "un procedimiento especialmente complejo y restrictivo, que exige toda una serie de documentos de planificación, lo cual refuerza las dificultades para el establecimiento de grandes superficies comerciales que desean implantarse en la Comunidad Autónoma de Andalucía".
En segundo lugar, Andalucía ha introducido un "procedimiento flexibilizado" para dar la licencia comercial a determinados establecimientos de descuento y liquidación de restos de fábrica con una superficie mínima de 400 metros cuadrados, pero sin sobrepasar los umbrales para los grandes operadores.
Bruselas indicó que esto perjudica especialmente a los operadores de otros Estados miembros. Por último, la Comisión censuró que la normativa aplica un impuesto sobre la concesión de licencias que ha de pagarse con anterioridad a la presentación de la solicitud.
"despreocupada". La Junta no está preocupada ante el anuncio efectuado ayer por la Comisión Europea. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta, Luciano Alonso, aseguró ayer en conferencia de prensa al ser preguntado por este asunto que "no estamos preocupados" y emplazó a un comunicado del Ejecutivo andaluz sobre esta cuestión.
