Mientras la inestabilidad política sigue presente en Mauritania, la Comisión Europea propuso ayer a los Veintisiete suspender el acuerdo pesquero con el Estado mauritano hasta que no se solucione la crisis. De ser así, un total de 36 barcos andaluces se quedarían varados.
Desde que el pasado seis de agosto los militares mauritanos llevaran a cabo un golpe de Estado contra el Gobierno, la situación del estado africano pasa por horas bajas. Una demostración de ello es que la Comisión Europea (CE) quiere detener toda cooperación con el país, salvo la destinada a ayuda humanitaria.
De esta manera, Bruselas, a través del comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, anunció ayer que propondrá a los Veintisiete "suspender la ejecución" del acuerdo pesquero entre la UE y Mauritania, del que se benefician mayoritariamente barcos españoles, al considerar que los militares que han tomado el poder no respetan el estado de derecho.
La aceptación de esta propuesta significaría un duro golpe para la pesca andaluza, ya que un total de 36 barcos andaluces que faenan en los caladeros mauritanos, de los que 30 corresponden al puerto de Huelva, se quedarían sin actividad y anclados en el puerto. Actualmente, el conjunto de licencias para la UE asciende a 119.
El portavoz comunitario Martin Selmayr manifestó que "estamos a la espera de una solución aceptable a esta crisis".
En virtud de este acuerdo, que se alcanzó en julio de este año con el voto en contra de España a causa de las restricciones para la flota cefalopodera (pulpo o calamar), la UE pagará a Mauritania 305 millones de euros en cuatro años, 76,25 millones anuales, para que 110 navíos de la Unión pesquen en sus aguas.
Michel, que lamentó el nombramiento de un nuevo primer ministro por la junta militar que controla Mauritania, también solicitó iniciar un proceso de consultas para evaluar la situación al amparo del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, que controla las relaciones de la UE con los países de África, Caribe y el Pacífico.
Selmayr afirmó que durante las consultas "se congelarán los programas de cooperación" -excluida la ayuda humanitaria o las actividades que supongan beneficios directos para la población-, y señaló que si no se llega a "una solución apropiada" la colaboración podría suspenderse de forma parcial o total.
En ese sentido, recordó que el artículo 96 del acuerdo de Cotonú contempla esta posibilidad si alguna de las partes vulnera su obligación de "respetar los derechos humanos, los principios democráticos o el estado de derecho".
La CE reclamó una vez más la "rápida vuelta al orden constitucional" previo y la liberación del presidente de Mauritania democráticamente electo, Mohamed Uld Cheij Abdalahi.
