La lonja durante una protesta, en este caso, del sector de mayoristas de pescado.
La Comisión Europea ha dejado este miércoles claro que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento" y ha insistido en que está a la espera de que el Gobierno español justifique "el interés general y proporcionalidad" de este régimen, exclusivamente aplicado a los mayoristas de pescado, al considerar que es "susceptible de ser incompatible" con el artículo 49 del Tratado de la UE que consagra el principio de libertad de empresa. "El coste de los servicios prestados podría tener un efecto disuasorio sobre los mayoristas. No podemos excluir que este tipo de restricciones incidan negativamente en la libertad de establecimiento. Sin embargo les remito a la jusriprudencia existente. Es posible justificar este tipo de regímenes si obedecen al interés general y son proporcionales", ha explicado Laetitia Lecesne, una responsable de Servicios de Empresa de la Comisión Europea durante una comparencencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que este miércoles ha debatido la petición de la Asociación de Mayoristas de pescado 'El Barranco' en contra del "monopolio" que ejerce Mercasevilla.
LOS MAYORISTAS DENUNCIAN SISTEMA DISCRIMINATORIO
En representación de la Asociación 'El Barranco', José Ramón Rodríguez Fajó ha denunciado que el Ayuntamiento de Sevilla impone desde hace 25 años "servicios obligatorios" a los mayoristas de pescado en el mercado central de Sevilla por el que les cobran el 3,6 por ciento de las ventas diarias, un sistema "único" en España y en Europa que "no se le aplica a los mercados de fruta o carne" en el mismo mercado.
Rodríguez Fajó ha denunciado que el consistorio les impide llevar a cabo actividades fundamentales como el transporte interior en zonas de venta, emitir sus propias facturas, cobrar al contado o contratar a sus propios empleados y ha recordado que tanto el Tribunal de Defensa de la Competencia español y posteriormente la Audiencia Nacional se han emitido sendas sentencias en 2002 en contra de estos cánones porque suponen "un freno a la expansión del mercado de pescado" y además estos servicios obligatorios repercuten en "perjuicio para los consumidores" al traducirse en un aumento en los precios de venta. "Estas sentencias no han sido cumplidas", ha lamentado el peticionario, que ha reclamado el fin del "último reducto de dictadura" que ejerce Mercasevilla porque el actual sistema "intervencionista" y "discriminatorio".
El mayorista ha insistido en que el Ayuntamiento de Sevilla incumple principios consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, incluido el derecho de "libertad de empresa" y en que el sistema actual es "incompatible" con "la libertad de establecimiento". "Hay que acabar con este régimen dictatorial", ha insistido.
Otro de los mayoristas que ha intervenido, Joaquín Moeckel Gil, ha insistido por su parte en que no están allí sólo para reclamar "que les quiten unos cánones" sino para denunciar "alto y claro" que "un empresario en Sevilla no tiene libertad de establecimiento" y subrayar que en el régimen aplicado a los mayoristas de pescado "no se impone" al resto de operadores alimentarios en Mercasevilla. "Pedimos libertad para llevar a cabo los servicios", ha insistido.
Moeckel Gil ha insistido en que el actual sistema pone en peligro "puestos de trabajo" y ha criticado que el Ayuntamiento de Sevilla haya utilizado las sentencias del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Audiencia Nacional como "pretexto para tramitar un expediente de regulación de empleo" y no derogara los cánones en cumplimiento de ambas. "El ERE siguió hacia delante y la sentencia no fue cumplida", ha lamentado, sobre el polémico caso de los expedientes de regulación de empleo.
MERCASEVILLA DICE QUE ERAN CONSCIENTES
El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, ha dejado claro por su parte que los mayoristas de pescado "eran conscientes" de las condiciones que aceptaron "voluntariamente" al beneficiarse de las concesiones de licencia de Mercasevilla --que no vencen hasta el 25 de julio de 2021--, ha recordado que están sujetos a un régimen de "prestación como servicio público", ha recalcado que los mayoristas tienen "total libertad" para marcar los precios de venta y que éstos a pesar de tener "menor volumen de venta" garantizan "el producto más barato" en beneficio del consumidor.
Domínguez, que ha adelantado la intención de Mercasevilla de presentar una petición propia ante la Eurocámara en defensa del modelo actual, ha justificado "la tasa en forma de porcentaje sobre el precio de venta" teniendo en cuenta aspectos como el hecho de que en caso de que el producto no se venda "Mercasevilla no percibe nada por los servicios que ha prestado" y ha insistido en que el sistema actual beneficia la lucha contra "el fraude fiscal" empresarial.
El presidente del comité de empresa ha insistido en que sin el actual modelo "muchas empresas habrían desaparecido, concentrándose la actividad en unos pocos operadores", en que garantiza el "abastecimiento seguro y de calidad", subrayando la "importancia de la trazabilidad" de los productos tras el reciente brote de la bacteria intestinal 'E.coli' y criticando que los mayoristas "pretenden eliminar los controles fiscales y monopolizar el sector en pocos operadores".
La representante del Ejecutivo comunitario ha reconocido que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" a los mayoristas puede ser "susceptible de ser incompatible" con el artículo 49 del Tratado de la UE relativo a la libertad de establecimiento al insistir en que servicios obligatorios de transporte y facturación entre otros "podría incidir en la libertad de establecimiento en el ejercicio de sus servicios".
LA COMISION A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE ESPAÑA
Aunque Bruselas "no está en condiciones de pronunciarse" sobre la compatibilidad del régimen de gravámenes aplicados a los mayoristas de pescado en Mercasevilla con las normas de competencia europeas, Lecesne ha recordado que el Ejecutivo comunitario está a la espera de que el Gobierno español responda a la carta que le envió a principio de mes para conocer "cuáles son los motivos que justifican este régimen" y no otro "no obligatorio" y "no exclusivo" a los mayoristas de pescado y ha explicado que una vez recibida "esta respuesta" analizará "la proporcionalidad" del sistema antes de determinar cómo proceder con la petición.
Fuentes del Ejecutivo comunitario han avanzado que esperan que el Gobierno español remita su respuesta a finales de mes de julio.
La Comisión de Peticiones ha acordado este miércoles mantener abierta la petición a la espera de conocer la opinión final de la Comisión Europea sobre el caso y de la respuesta de qué ofrezcan las autoridades españolas para justificar el régimen actual y volverá a analizar el caso en una fecha posterior, aún por determinar.
