La Comisión Europea dio ayer un vuelco en su evaluación de la política francesa de expulsión de gitanos comunitarios al anunciar que abrirá un procedimiento de infracción contra Francia por discriminación, tras constatar que el Gobierno de París instruyó a la Policía para que se centrara en esa etnia.
La divulgación de una circular del Ministerio del Interior francés, con fecha del 5 de agosto, en la que se pedía de forma específica a la Policía que se desmantelaran los campamentos de gitanos, ha colmado la paciencia de la Comisión Europea.
"La discriminación por etnia o raza no tiene lugar en Europa es incompatible con los valores de la UE", aseguró la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, en una declaración ante la prensa.
Reding mostró estar muy molesta por el hecho de que, en una reunión con dos miembros del Gobierno francés el pasado 31 de agosto en Bruselas, éstos le aseguraron que las medidas de París contra los gitanos de otros países de la UE se hacían respetando las normas comunitarias y no se dirigían contra grupos étnicos específicos. La comisaria, en un tono muy duro, consideró "una vergüenza" la situación, tanto por la discriminación como por el hecho de que una parte del Gobierno francés dijera una cosa en Bruselas mientras se decía otra en París. "Si no podemos confiar en las garantías dadas por dos ministros en una reunión formal, el papel de la CE se hace muy difícil", insistió.
En estas circunstancias, dijo que tiene la intención de recomendar al presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, "que acelere la apertura de un procedimiento de infracción para que no perdamos tiempo", afirmó la comisaria.
Según Reding, Francia ha aplicado de forma discriminatoria la directiva europea de libertad de circulación de ciudadanos comunitarios y además no ha aplicado en su derecho nacional todas las garantías que incluye la normativa europea.
"Estoy personalmente convencida de que la Comisión no tendrá otra opción que iniciar un procedimiento de infracción contra Francia", indicó. La comisaria reconoció que nunca pensó que tuviese que volver a ver una situación de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Por último, Reding añadió que el análisis legal preliminar ya dejó claro que las medidas francesas serían consideradas ilegales si se confirmaba que iban dirigidas a un cierto grupo por nacionalidad, raza o etnia, lo que ha confirmado la existencia de la citada circular.
Por su parte, el Ministerio francés del Interior anunció el lunes que su titular, Brice Hortefeux, firmó una nueva orden gubernamental que precisa las condiciones de evacuación de campamentos ilegales y que excluye la mención explícita a los gitanos, pero la existencia del documento anterior del 5 de agosto ha sido bastante para Bruselas.
El ministerio francés de Exteriores se mostró "sorprendido" al conocer el anuncio de la comisaria de Justicia, y añadió que "no es con este tipo de declaraciones como se mejora la situación de los gitanos". En cambio, la declaración de Reding fue acogida satisfactoriamente por varios grupos del Parlamento Europeo, cuyo pleno la pasada semana reprochó a la CE lo que consideraba como tibieza de Bruselas ante el Gobierno del presidente francés, Nicolas Sarkozy.
El presidente del grupo Liberal, el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, afirmó en un comunicado que el anuncio de Reding "confirma que teníamos razón" en la Eurocámara acerca de la dudosa legalidad de las medidas francesas. Y para Daniel Cohn-Bendit, presidente del grupo de los Verdes, "se trata de una oportunidad de oro para que Barroso salve el honor de la Comisión", ya que "más vale tarde que nunca", por lo que hace falta que Bruselas "pase a la acción ahora".
