Aunque aún queda un largo camino por recorrer en la negociación, la UE intenta calmar los ánimos del sector agrario español. El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, garantizó ayer que España mantendrá la aportación financiera para ayudas directas que recibe de la Política Agraria Común (PAC) que negocia con la UE y que entrará en vigor en 2014. Así, defendió que los intereses españoles "están definidos" en la reforma propuesta por Bruselas.
"España es el único gran país de Europa occidental que no va a sufrir una reducción de la aportación financiera en pagos directos", afirmó Ciolos en una rueda de prensa conjunta con el ministro español del ramo, Miguel Arias Cañete, con quien se entrevistó para analizar la reforma de la PAC. Arias Cañete destacó que abordará el debate de la reforma con "espíritu constructivo", aunque subrayó la importancia de contar con un presupuesto "importante".
Entre los temas que generan una "gran preocupación" en España, el ministro destacó que el número de hectáreas elegibles en el nuevo sistema de ayudas y el reverdecimiento plantean un "enorme problema" por la diversidad productiva del sector agrario español que, según advirtió, "hace muy difícil homogeneizar las ayudas y exige una enorme flexibilidad".
Así, indicó que, en la distribución por hectáreas, las ayudas podrían ser "sustancialmente" menores. "Con los mecanismos actuales, no disponemos de flexibilidad suficiente para que se mantengan las ayudas", dijo el ministro, quien alertó de que si se produce una "fuerte redistribución" podría llevar a muchos sectores a no ser económicamente rentables y al abandono de los cultivos.
A este respecto, Ciolos defendió que se dotará de flexibilidad a los Estados miembros para establecer los criterios de pago. "El Gobierno español tendrá que decidir los criterios a aplicar, ya sean administrativos, económicos o agronómicos", apuntó.
Acuerdo pesquero. Los Veintisiete acordaron ayer autorizar a la comisaria de Pesca, María Damanaki, a retomar los contactos con Rabat para un nuevo acuerdo pesquero que reemplace al vetado por la Eurocámara el pasado diciembre. La posición consensuada por los gobiernos europeos evita cualquier mención expresa al Sáhara occidental, referencia a la que se oponían España y Francia, y necesita el visto bueno del Parlamento Europeo para tener validez.
Por su parte, Arias Cañete confió en que Bruselas acuerde un nuevo protocolo de pesca con Marruecos "en el tiempo más razonable posible" para que la flota pesquera andaluza, gallega y canaria pueda volver a faenar en aguas marroquíes "lo antes posible". "La aprobación de este mandato por parte del Consejo permitirá empezar las negociaciones para conseguir un acuerdo equilibrado y satisfactorio para los países afectados", dijo.
