Economía

Bruselas obliga a los agricultores a abandonar tierras y hacerlas verdes

La propuesta consagra un pago base igual para todos y limita a 300.000 euros los pagos a familias que ahora cobran 3 millones

el 12 oct 2011 / 15:51 h.

El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, ayer explicando en Bruselas los ejes de la reforma de la PAC que ha de entrar en vigor el 1 de enero de 2014 y que condiciona las subvenciones a prácticas agronómicas respetuosas con el medio.

Menos dinero y más repartido, un campo verde o semiecológico, una limitación a las ayudas percibidas por los terratenientes, un régimen de subvenciones exclusivamente para quienes trabajan las tierras, los agricultores y, por último, ninguna medida adicional (léase, intervención) que amortigüe las bajadas de precios en los mercados. Son los cinco pilares sobre los que se asienta la nueva PAC (Política Agraria Común) presentada ayer por la Comisión Europea, que los Veintisiete han de negociar hasta finales de 2013 para que entre en vigor en 2014 y que no convence a nadie, ni en España ni en la Eurocámara.

433.393 millones de euros. Son los que absorberá la PAC durante el septenio 2014-2020. De ellos, 317.193 millones serán ayudas directas al bolsillo del agricultor (el llamado primer pilar de la PAC) y el resto, para el desarrollo rural (el segundo pilar). Si se tiene en cuenta el impacto de la inflación, el importe se reduce en torno al 12%, según cálculos de la asociación Asaja de Andalucía. Por tanto, menos dinero.

Éste se distribuirá de manera "más justa", o al menos así lo afirma el comisario del ramo, Dacian Ciolos, y consta en la exposición de motivos del documento de reforma. ¿Y cómo se hará? Para ello, se arbitrará un pago básico o tasa plana, una ayuda igualitaria para todos los agricultores, sea cual sea su origen, calculada sobre el número de hectáreas. Se elimina así el concepto de derecho histórico, es decir, la subvención cifrada en función del volumen de cosechas pasadas, referencia que ahora se echa por tierra.

En concreto, se está hablando de dos tipos de convergencia para las ayudas. La primera, entre los perceptores de un mismo Estado o región, al existir diferencias sustanciales entre los importes de, por ejemplo, Andalucía y Comunidad Valenciana, ya que, al fin y al cabo, distintas son sus agriculturas y distintos también los rendimientos de los cultivos. Y la segunda, entre los países socios. Tal convergencia debe estar completada en 2020.
Ahora bien. La Comisión permite a los Estados trabajar según su propio calendario y, lo que es más importante, regionalizar las ayudas comunitarias, esto es, establecer "criterios objetivos y no discriminatorios" para diferenciar los importes percibidos en las comunidades autónomas. A esta última posibilidad se aferran, entre otras, la andaluza, para así no perder fondos en favor de las menos productivas (en 500 millones los ha cifrado la Consejería de Agricultura).

El pago base se complementa con ayudas adicionales (como las primas ambientales, para la instalación de jóvenes, para mantener determinados cultivos, etcétera). Pero el grueso está en la tasa plana. Sobre ésta se cierne, pues, la gran batalla.

Ante todo, campo verde, componente greenning, así se define en el argot agronómico. Este color se refleja de dos maneras. Por un lado, el Estado deberá reservar el 30% de sus ayudas comunitarias a respaldar prácticas beneficiosas con el medio ambiente, como son la diversificación de cultivos -rotación-, los pastos permanentes y las producciones ecológicas. Por el otro, se exige que todos los agricultores dediquen un 7% de la superficie de sus parcelas -este porcentaje no incorpora los pastos- a actividades medioambientales, y aquí entran desde las bandas de amortiguación y terrazas que eviten la erosión hasta la reforestación. Quizás se entienda mejor de esta forma: un 7% de cada finca quedará improductiva, según explica Antonio Caro, técnico de la patronal Asaja.

En su búsqueda de lo justo, el Ejecutivo comunitario establece un tope en las ayudas que se embolsan los grandes propietarios o terratenientes, iniciativa de gran impacto en Andalucía, donde se ubican los mayores beneficiarios de España.

Se fija un importe máximo de 300.000 euros y se aplica una tijera progresiva del 20% entre los 150.000 y 200.000 euros, del 40% entre los 200.000 y 250.000 y, por último, del 70% entre 250.000 y 300.000 euros. Eso sí, las rebajas quedarán aminoradas en función del empleo creado en cada finca. Cabe recordar que hay familias en la comunidad andaluza que rondan los 3 millones de euros anuales en subvenciones agrarias. No obstante, se tramitan a través de sociedades mercantiles, que, a su vez, se podrían segregar para eludir el tope. Bruselas conmina a los Estados a estar vigilantes para que tal operación no se produzca e incluso les faculta para retirarles las ayudas.

Con idéntica finalidad, recoge por escrito quién tiene derecho a cobrar ayudas europeas, quién es agricultor: aquél cuyas rentas del campo supongan al menos un 5% de todos sus ingresos. Pero si el pago es inferior a 5.000 euros, el perceptor no queda afectado por esta catalogación.

Si bien la nueva PAC se dotará de fondos adicionales para crisis alimentarias como la reciente del pepino (3.500 millones de euros) o para investigación y desarrollo, no se abre a mecanismos de intervención en los mercados contra el vaivén de los precios, cerrándose así a una de las principales demandas del campo.

Un planteamiento que no convence a la Eurocámara 

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo mostró ayer sus dudas sobre el impacto de los cambios que propone Bruselas para la reforma que la UE debe negociar para 2014, en especial por la carga burocrática o los costes adicionales que pueden acarrear cambios como el reverdecimiento de la política agraria. El ponente para la PAC de esta comisión, el socialista portugués Luis Manuel Capoulas Santos, criticó que Bruselas no haya recogido la petición de dotarla con un presupuesto suficientemente fuerte. El Ejecutivo comunitario plantea un “recorte importante” y con él la nueva PAC no cumplirá su objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y la renta justa para los productores, según el eurodiputado.

El presidente de la Comisión Europarlamentaria, el socialista italiano Paolo de Castro, destacó que la UE encara una reforma “de enorme importancia” que debe afrontar el riesgo “sistémico” de la volatilidad de los precios, por lo que los agricultores necesitarán nuevas herramientas para gestionar la situación. Pidió al comisario una cita para continuar lo antes posible el debate.

  • 1