La Justicia europea allanó ayer el camino a Telefónica en su intento de adquirir el 30% de la brasileña Vivo en manos de Portugal Telecom (PT), al declarar ilegales los derechos especiales que Portugal mantiene sobre su antiguo monopolio de telefonía, utilizados la semana pasada para vetar la operación.
Con esta decisión, que no admite recurso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma las expectativas de la española Telefónica, que ha ampliado hasta el 16 de julio el plazo para que PT acepte su oferta por 7.150 millones de euros (más de 8.790 millones de dólares), con la esperanza de que el fallo judicial le facilite la consecución de sus objetivos.
En su sentencia, la Corte concluyó que "Portugal ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales, al mantener en Portugal Telecom derechos especiales atribuidos en relación con golden shares (acciones de oro)", según el comunicado.
El texto explica que "un número considerable de decisiones importantes relativas a PT depende del consentimiento del Estado portugués", lo que constituye una "influencia sobre la gestión de PT que no está justificada por la magnitud de la participación que mantiene (el Gobierno) y que puede disuadir a los operadores de otros Estados miembros de efectuar inversiones directas".
Además, el tribunal destaca que los privilegios del Estado portugués sólo pueden ser eliminados con su consentimiento. La sentencia descarta las razones de interés público esgrimidas por Portugal para mantener los derechos especiales sobre PT.
El tribunal consideró que "el objetivo de garantizar la seguridad de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones en caso de crisis, guerra o terrorismo" podría justificar la acción de oro, pero la rechaza en esta situación por considerar que debería existir una amenaza real que Portugal no ha justificado durante el proceso.
Ante esto, el ministro de la Presidencia de Portugal, Pedro Silva Pereira, dijo a la salida del Consejo de Ministros que el Gobierno está en "desacuerdo" con la decisión judicial, pero procurará "respetar el derecho comunitario y la defensa de los intereses nacionales".
Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, afirmó que el Ejecutivo comunitario velará por la aplicación de la sentencia, aunque pidió tiempo para analizar la situación antes de tomar decisiones
Finalmente, tanto Telefónica como Portugal Telecom insistieron ayer en su disposición a buscar una salida negociada que satisfaga al Gobierno portugués.
