Trece folios conforman el borrador de la reforma de la PAC (Política Agraria Común) que la Comisión Europea presentará el día 17 de noviembre. Tan pocos pero con tantas repercusiones para el campo y para los bolsillos de los agricultores.
Tres claves tiene su propuesta, que habrá de debatirse a lo largo de 2011 por parte de los Estados miembros de la UE para que los cambios se apliquen a partir de 2013. Primera, los pagos directos a los agricultores se mantienen, constatando Bruselas la importancia social, económica y medioambiental de las labores agroganaderas. Segunda, que las ayudas a los productores tendrán un marcado tinte verde, esto es, muy vinculadas al respeto al entorno natural. Y tercera, se reconoce la necesidad de gestionar mejor los mercados, para evitar así distorsiones en los precios y en la rentabilidad del sector, aunque nada plantea.
Comencemos por este último apartado, pues en cierta medida atiende la demanda de un sector, el agroganadero, que denuncia insistentemente la volatilidad y las caídas de precios en los mercados de origen por la presión que ejercen las cadenas comerciales y la competencia desleal de terceros países. Así, la propia consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha reclamado a Bruselas mayor regulación para reducir la pérdida de rentas en el campo.
En el borrador, la CE tan sólo menciona la necesidad de que se mantengan los instrumentos de gestión del mercado -es decir, la intervención europea para evitar un descalabro de producciones y precios-, que se revisarán y se ampliarán, y cita expresamente la extensión del almacenamiento privado -dar ayudas por retirar cosechas del mercado- que actualmente se da, por ejemplo, para el aceite de oliva.
Pese a tal vaguedad, es de gran importancia que Bruselas recoja en su documento la pérdida de ingresos de los agricultores frente, dice, al aumento que aflora en las industrias y en las compañías de distribución. Y lo es porque está abriendo el debate.
"Las perspectivas a largo plazo de la agricultura no mejorarán si no se corta la tendencia de constante recorte de la participación de los agricultores en el valor añadido generado en la cadena de suministro de alimentos", reseña el borrador.
En cuanto a las subvenciones -cabe recordar que Andalucía recibe por campaña unos 1.700 millones de euros, que representan la quinta parte de la renta agraria regional-, el borrador rechaza de plano una de las ideas que habían surgido durante la Presidencia Española de la UE, y que consistía en conceder un pago por igual (a tanto alzado) en todas las regiones comunitarias, sin tener que cuenta sus distintas productividades y condiciones naturales. No obstante, se deja abierta la posibilidad a que se aplique dentro de cada país.
Por lo pronto, Bruselas concibe la figura del "agricultor en activo", y que será el beneficiario de las ayudas agrarias. Cuáles serían las características de éste es una cuestión que no concreta, aunque hay que recordar que como telón de fondo están las críticas al concepto de derecho histórico -esto es, cobrar sin la necesidad de cosechar o ni siquiera cultivar- y la polémica sobre subvenciones millonarias a grandes fincas.
En este contexto, la Comisión Europea propone que la totalidad de los agricultores cobren el que define como "pago básico" sin que dependa del volumen de cosecha o número de animales, siendo la filosofía del actual pago único (es un derecho histórico). Eso sí, contempla la posibilidad de fijar un límite para grandes explotaciones -en estos momentos se ejecutan recortes porcentuales en función de tramos, es decir, mientras más dinero más tijera-, aunque teniendo en cuenta los niveles de empleo que se genere en la finca en cuestión.
Tras éste, y con la finalidad de "mejorar el medio ambiente", aparece un "componente ecológico" de carácter "obligatorio" en toda la Unión Europea, y que tiene en la actual ayuda agroambiental (se concede como un complemento en actividades respetuosas con el entorno natural) y en el llamado código de buenas prácticas agrarias sus referentes.
Encontramos también, si bien de forma voluntaria -depende de cada país-, ayudas para productores de áreas con desventajas naturales -por ejemplo, cultivos en laderas-, también apoyos vinculados al volumen cosechado que frenen la pérdida de algunos cultivos -el algodón ya percibe este tipo de pago acoplado- y, por último, subvenciones específicas a los pequeños agricultores -"para evitar pérdida de oportunidades de empleos en muchas zonas rurales"- a través de un mínimo de pagos directos.
Por último, el desarrollo rural. Se quiere potenciar los proyectos empresariales, con el colectivo de jóvenes como prioritario, al tiempo que también las medidas medioambientales son el denominador común de las medidas.
Sin presupuesto. El borrador de la reforma de la PAC deja, en opinión de Asaja de Sevilla, bastantes elementos abiertos al debate en el Parlamento, que por primera vez tiene poder de codecisión y puede incidir en el sentido de la reforma, y entre los propios Estados miembros de la Unión Europea.
"Es un documento breve, general, sin ningún tipo de cifra o alusión presupuestaria, pero al menos centra el debate de cara a las propuestas legislativas que se presentarán en julio de 2011", destacan en la patronal que preside Ricardo Serra. Como positivo, resaltan el mantenimiento de las ayudas directas y la apuesta, aunque vaga, por la regulación de los mercados agrarios.
