La Comisión Europea anunció ayer que recortará los 71 millones de euros en ayudas que reservó para España para paliar los daños sufridos durante la llamada crisis del pepino, al constatar que sus autoridades no han cumplido el plazo fijado para el reparto de los apoyos a los productores afectados.
España, el primer receptor del fondo creado para esta crisis, ha distribuido el 66% de las ayudas que le corresponde, esto es, 47 millones de euros, dentro del plazo límite marcado por la UE -el día 15 de octubre pasado-, según informaron fuentes comunitarias. Y todos los pagos a partir de esa fecha serán considerados "tardíos" y se les aplicará una llave de reducción.
Bruselas creó expresamente el fondo de emergencia dotado con 227 millones de euros a repartir entre los Estados miembros que solicitaron ayudas y demostraron que su sector hortofrutícola se vio afectado por la bajada de la demanda que provocó el brote de la E.coli en Alemania.
Quince países notificaron dentro de fecha el pago de al menos el 95% de sus ayudas, entre ellos Portugal (100%), Polonia (97%), Alemania (96%), Francia (95%) y Grecia (94%). Al restarles menos de un 5% de compensaciones por asignar quedan exentos de la sanción que prevé Bruselas, según explicaron las fuentes. Y sólo Italia, con un 44% de sus ayudas pagadas, ha entregado un porcentaje menor que España a los agricultores.
De acuerdo con las normas comunitarias, el recorte de ayudas comunitarias a los Estados que no las asignen a tiempo oscila entre el 10%, si no se distribuyen en el plazo de un mes, hasta un 50% si se demora hasta finales de enero o mediados de febrero. Bruselas no descarta reducciones mayores, de hasta un 100% del importe, si continúan los retrasos.
La Comisión espera recibir en diciembre las notificaciones de los socios con las subvenciones otorgadas entre octubre y ese mes. Ha dejado claro, además, que considerará un fraude toda ayuda que se conceda sin pruebas de que se ha retirado la mercancía del mercado y que el Estado miembro será penalizado.
Las cifras de Bruselas indican que los países implicados habían utilizado hasta el pasado 15 de octubre el 79% de las reservas para esta crisis, esto es, 178,3 millones de euros de los 227 millones asignados.
Andalucía, sí. En réplica, la consejera andaluza de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, aseguró que Andalucía ha cumplido "en tiempo y forma" con el abono de esas ayudas, "pese a ser la región más afectada y por tanto con mayores solicitudes que tramitar".
Aguilera destacó que en esta comunidad se habían hecho efectivos todos los pagos antes de la fecha límite del 15 de octubre, gracias a la "coordinación" entre los equipos de las delegaciones provinciales que se encargaron de la recogida de los datos y los servicios centrales de la Dirección General de Fondos Agrarios.
En el agro, indignación. "No se puede consentir que la improvisación y descoordinación de las administraciones españolas y de la UE sean pagadas, una vez más, por el productor", señaló ayer la organización agraria UPA en un comunicado.
Por su parte, la patronal agraria Asaja de Almería -la provincia más afectada- criticó la "tardanza" de las administraciones a la hora de abonar las subvenciones y pidió explicaciones a la Consejería de Agricultura sobre si ha incumplido los plazos.