La Comisión Europea (CE) pasa la patata caliente de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) al Estado español. Este será el que deba decidir cómo reparte las ayudas entre las comunidades, una pelea que se prevé intensa, sobre todo después de que el pasado miércoles se diera a conocer la propuesta de Bruselas, que incluye un recorte en las ayudas para España, el abandono de tierras por parte del agricultor a favor de hacer un campo más verde y la puesta en marcha de una tasa plana, esto es, ya no valen los derechos históricos.
Así lo explicó ayer el director general de Agricultura de la CE, José Manuel Silva, quien afirmó que la propuesta para reformar la PAC es "moderada" y deja a los gobiernos "mucho margen de maniobra" a la hora de determinar el reparto futuro de las ayudas, que en el caso español dependerá de cómo se quieran repartir entre las comunidades.
Asimismo, indicó que la CE está abierta a escuchar las sugerencias de los sectores interesados y de las administraciones, si bien por ahora "ha recibido más aportaciones" originales de otros países que de España.
El director de la CE reaccionó así a las críticas que ha suscitado la propuesta y remarcó que los cambios planteados son "modestos". Silva calificó de prudentes dos propuestas polémicas: el cambio en el reparto de subvenciones -sustituyendo los criterios actuales por una ayuda uniforme por superficie para todos los países- y la intención de hacer más ecológicas las ayudas, con un consiguiente incremento de las exigencias para el productor.
Bruselas plantea que un 30% de los pagos directos se otorgue a aquellos agricultores que presten ciertos "servicios ambientales", como el barbecho obligatorio para un porcentaje de la tierra, el mantenimiento de pasto permanente o la rotación de cultivos.
Según Silva, si no se hubiera introducido este "pago verde", la PAC no hubiera podido conservar "un presupuesto tan fuerte" a partir de 2014, porque para conservar dentro de la UE tantos fondos, y más en un contexto de crisis, hay que darles una "legitimidad".
Lo que está claro es que la propuesta de Bruselas no gusta nada a Andalucía. Así, la Junta defendió ayer que no es el momento para hacer una reforma profunda de la PAC en tiempos de crisis y pidió que el Consejo Europeo la paralice y se lo replantee, ya que tiene la duda de si es una reforma para resolver los problemas de la agricultura europea o para recortar el presupuesto de la PAC en Europa.
La consejera del ramo, Clara Aguilera, abogó por que se cambien cosas que no están funcionando como las medidas de mercado y se aclare qué pesa más, la PAC o la normativa de competencia como hasta ahora. Además, defendió que hay plazo en la negociación para darle un giro buscando alianzas con los países del arco mediterráneo, los más perjudicados.
Aguilera criticó que "qué casualidad que todos los países del arco mediterráneo pierden" mientras que otros, como Rumanía (país de origen del comisario Ciolos) sube un 10,8%. "No nos gustaría que España entrara en convergencia con otros países en este marco pero tampoco vamos a permitir que haya trasvase de fondos desde Andalucía a otras comunidades" dejó claro.
Por su parte, la ministra del ramo, Rosa Aguilar, afirmó que el comisario, Dacian Ciolos, se ha equivocado con su propuesta porque "ha arrasado" con lo anterior "en lugar de avanzar".
Las organizaciones agrarias mostraron su rechazo a la propuesta. Asaja dijo que la reforma "estrangula" al agricultor "cargándole de burocracia y reduciendo sus rentas".
En la batalla política, el PP nacional señaló que la nefasta reforma se debe a Zapatero porque suprimió el Ministerio de Agricultura. El PP andaluz dijo que la culpa es del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por su falta de liderazgo, aunque le tendió la mano para darle la vuelta a la negociación.
