Cuanto antes, mejor. La Comisión Europea ha conminado a los 27 países socios a "acelerar" el cumplimiento de la directiva comunitaria sobre morosidad que obliga a las administraciones públicas a pagar a sus proveedores en el plazo de 30 días, normativa que ha de ser efectiva, como máximo, el 15 de marzo de 2013. Bruselas considera que, ante la falta de liquidez que soportan las empresas debido a la larga crisis y el estratégico papel que juegan las pymes en la recuperación económica y la generación de empleo, los gobiernos deberían no apurar este plazo, sino acortarlo.
Así lo anunció ayer el director general adjunto de Empresa e Industria de la Comisión Europea, Daniel Calleja -conocido también como Mr. Pyme-, durante su intervención en Los Diálogos de El Correo, dentro del ciclo Reflexiones sobre Europa, organizado en el hotel sevillano Meliá Colón con el patrocinio del grupo Cobre Las Cruces . En todo caso, Calleja advirtió de que si los Estados no respetan esa directiva cuando definitivamente entre en vigor, Bruselas tiene "mecanismos" para garantizar su cumplimiento -"con el Derecho comunitario no se bromea", dijo-, entre los que citó denuncias ante el Tribunal Europeo de Justicia.
De hecho, el alto funcionario de la Comisión dejó caer que España se encuentra entre los tres Estados de la UE cuyas administraciones tardan más en abonar las facturas a sus proveedores, un ranking que completan Grecia e Italia. Ante el murmullo, señal de escepticismo empresarial, que generó el citado plazo entre los asistentes, Calleja sentenció que "no se trata de una propuesta del Ejecutivo comunitario, sino que la directiva es ley, es Derecho europeo, y está publicada en el DOCE". Por tanto -agregó- si un país no cumple, Bruselas puede llevarlo al Tribunal Europeo de Justicia y, además, imponer multas. "No lo olviden, la Comisión es la guardiana de los tratados europeos". Al margen de ese "coercitivo", poder "vosotros podéis también invocar la directiva y exigir el cumplimiento en el caso de que os sintáis perjudicados".
Daniel Calleja, que tituló la ponencia Pymes: víctimas de la crisis, solución a la crisis, instó, además, a "simplificar" las trabas burocráticas que obstaculizan la actividad emprendedora, y recordó que "el objetivo" de la institución es reducir drásticamente los trámites administrativos para que, a lo largo de 2012, se pueda crear una empresa en 3 días laborables y con un coste en trámites de 100 euros como máximo. No es un objetivo, sino ya una realidad, en algunos países, sostuvo.
Para lograr tal simplificación, aconsejó meter la quinta marcha a la administración electrónica y eliminar el solapamiento del papeleo, es decir, que el empresario no tenga que presentar la misma documentación (la petición de licencias, los estudios ambientales, etc.) ante varias administraciones, puesto que ralentiza su labor, y esto es incongruente con una crisis económica que calificó como la peor desde la Segunda Guerra Mundial.
Reducir esa carga burocrática, comentó el conferenciante, es posible, si bien admitió que depende de que haya o no voluntad política. En este sentido, recordó "lo bien que funciona la Administración fiscal [la recaudación de impuestos]", un ejemplo clarísimo de que cuando se quieren hacer las cosas, se hacen.
Pero Mr. Pyme también habló de otra fecha cuya llegada ansían las empresas: 31-12-2012. Será entonces cuando entre en vigor otra directiva que permite a las pymes y autónomos pagar el IVA una vez que hayan cobrado la factura y no cuando ésta ha sido emitida, una medida que persigue mejorar su liquidez y no tener la obligación de abonar un impuesto si el ingreso por la venta de sus productos o por la prestación de servicios no se produce.
Una concurrencia de nuevo escéptica lanzó una pregunta al ponente, cómo aplicar las directivas de morosidad de IVA en unas administraciones públicas cortitas de dinero. Calleja recordó que la legislación comunitaria contiene siempre un informe del impacto y que no sería éste grande si todos los gobiernos dijeron sí a esas dos normas.