Bruselas se pone manos a la obra para controlar la escalada de los precios de los alimentos. La Comisión Europea (CE) anunció que vigilará la influencia de las cadenas de distribución y del comercio minorista, junto a la especulación en los mercados financieros, como medidas para mitigar el encarecimiento alimentario mundial.
El Ejecutivo comunitario aprobó un conjunto de propuestas en respuesta a la actual situación mundial de escasez y la subida de los precios de los alimentos. Entre ellas, la creación de un grupo de trabajo que examinará el funcionamiento de la "cadena de abastecimiento alimentario, incluida la "concentración y la segmentación del mercado", en los sectores de la distribución y del comercio minorista. Las conclusiones de esta investigación serán presentadas en un informe a finales de este año, explicó la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel.
Asimismo, Bruselas seguirá trabajando con las autoridades nacionales sobre competencia y "animará" a los Gobiernos que tengan la intención de reformar regulaciones restrictivas en el sector minorista.
Otra medida prevista por la CE es "vigilar de cerca" las actividades de inversores "especuladores" en los mercados de materias primas, así como su impacto en las alteraciones de los precios. Sin embargo, aclaró que las medidas para mitigar el efecto de los precios alimentarios en los hogares con menos ingresos "no deben distorsionar el mercado".
Las propuestas aprobadas por la CE para paliar la carencia y el precio de los alimentos coincidieron con la presentación del proyecto para reformar la Política Agrícola Común (PAC).
Entre las medidas del chequeo médico de la PAC, pocas novedades. Se mantiene la supresión definitiva del barbecho obligatorio (interrumpido actualmente) y que imponía al agricultor dejar sin sembrar un 10% de la superficie de cultivo, pero el punto más caliente procedía del recorte de las ayudas directas en beneficio de otras políticas de desarrollo rural. La propuesta aprobada plantea reducir las subvenciones un 13% en 2013 para los que perciben primas superiores a los 5.000 euros y que sea mayor para los grandes terratenientes, que obtienen subsidios de más de 100.000 euros. En España, de los 897.170 productores que reciben ayudas sólo un 23% se vería afectado por el incremento de los recortes.
En cuanto a las cuotas lecheras, Bruselas insiste en que este sistema termine definitivamente en 2015 y mientras tanto prevé un incremento de esos cupos, del 1% anual en cinco años y que empezaría en 2009, lo que también aumentará la oferta.
Respecto a los biocombustibles, la CE insistió en que el objetivo de la UE de lograr que representen el 10% del consumo de energía del transporte en 2020 "no va a ser a cualquier precio", sino con condiciones "estrictas" y con materias primas obtenidas respetando el medioambiente. Bruselas pretende investigar sobre los biocarburantes de segunda generación (obtenidos de restos vegetales no agrícolas).
Esta propuesta será la base para que los países de la UE negocien el futuro de la PAC -que tiene para 2008 un presupuesto de 55.800 millones de euros y a España como segundo país receptor- en el segundo semestre, con miras a aprobarla en noviembre.
Cuando Bruselas presentó sus primeras ideas para la reforma en noviembre, estas reducciones adquirieron cierto protagonismo, pero ahora, aparte de que se han suavizado las rebajas para los terratenientes, el aspecto más preocupante es el impacto en la oferta de alimentos, como han manifestado España o Francia.
Uno de los elementos centrales de la revisión de la PAC es convertir el máximo posible de ayudas en un pago por superficie o hectárea, desligado de la cantidad cosechada o producida. Fischer Boel argumenta que desligar las primas de la obligación de producir da más libertad al sector para responder "a las señales del mercado". Sin embargo, los estados agrícolas como España temen que al desaparecer la condición de producir, se desincentive al sector a seguir su actividad, especialmente a los ganaderos que han sufrido más el encarecimiento de las materias primas agrícolas y de los piensos, y, en consecuencia, disminuya la oferta alimentaria.
Por su parte, las organizaciones agrarias UPA, COAG y Asaja, así como las cooperativas agrarias, confíaron ayer en que el Gobierno español forme un bloque junto con otros Estados miembros, especialmente del arco Mediterráneo, para cambiar la propuesta de reforma, de la que criticaron, entre otros aspectos la "fuerte modulación" de las ayudas prevista que, a su juicio, penalizará al agricultor profesional.
Los agricultores, excepto los representados por Asaja, coincidieron en denunciar que la reforma supone un fuerte varapalo, porque con la desvinculación de las ayudas se potencia el abandono de la actividad agraria.
La CE quiere propiciar una mayor oferta de alimentos "tanto en casa" como en los países en desarrollo, donde se acentúan más las carencias, en los que quiere impulsar más ayuda humanitaria y asistencia técnica para que recuperen su agricultura. Así, se mostró partidaria de que el dinero que se ahorre de la PAC anualmente se emplee en "microcréditos" en el tercer mundo o en ayudar a estos países a comprar semillas.
Las propuestas serán discutidas por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en junio; además Bruselas quiere promover medidas para aumentar la oferta alimentaria en foros como la ONU o el G-8.
