La Plataforma de Afectados por el cierre del espacio aéreo español entre los pasados 3 y 4 de diciembre pide una indemnización millonaria a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que se sitúa en 10.000 euros por "daño moral" para cada uno de los perjudicados.
Javier Cremades, del despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo y que defiende los intereses de más de 5.000 perjudicados, indicó ayer que se reclamará por vía administrativa a AENA esa cifra y que este trámite se acometerá a lo largo del mes de enero. 10.000 euros es un baremo estándar que se ha realizado en función del daño que se ha causado a aquellas personas que no pudieron viajar por el cierre del espacio aéreo, y que, según explicó Cremades, "va más allá" de la cantidad que tiene AENA prevista para paliar los problemas de retrasos o de otro tipo, que es sólo de 600 euros.
Esta reclamación va directamente contra AENA por ser la garante de dar un servicio público que no se puede quedar simplemente en una responsabilidad patrimonial de los controladores, ya que, según los abogados de Cremades&Calvo Sotelo, no son sino "meros empleados públicos".
Asimismo, la idea es sumarse a la acción de la Fiscalía como acusación particular en la causa que se abra en el futuro contra los controladores por la vía penal.
"AENA es un órgano público adscrito al Ministerio de Fomento que tiene a los controladores mediante una relación laboral", dijo el letrado Manuel Iglesias, quien añadió que el convenio colectivo firmado por AENA y el sindicato USCA en 1999 recoge la responsabilidad de la compañía aeroportuaria respecto al comportamiento de los controladores.
No obstante, el despacho precisó que AENA podrá reclamar a los controladores las indemnizaciones a las que deba hacer frente, aunque señaló que no tienen interés en que "esto lo termine pagando los Presupuestos del Estado".
Juan Ortiz, socio de Cremades&Calvo Sotelo, señaló que a los controladores se les puede aplicar las penas contempladas en la Ley de Navegación Aérea del año 1964, que, aunque "es preconstitucional, no ha sido derogada y, por lo tanto, no es inconstitucional". Los artículos 20 y 21 de la misma dicen que, por abandono de sus puestos de trabajo, los controladores podrían ser condenados a penas de hasta 8 años de cárcel.
El letrado Luis Bericat destacó que será la demanda colectiva más importante del país y, por tanto, pidió un juzgado específico para este caso, de forma que no se produzca por la avalancha de reclamaciones un bloqueo judicial. El 97% de los afectados son particulares, pero también hay asociaciones hoteleras y líneas aéreas, aunque el despacho no dio nombres.
Casos particulares. En la conferencia de prensa estuvieron presentes algunos de los afectados, que relataron sus casos particulares, como fue el de Elena Fuentes quien viajaba con su marido y su hijo hacia Fuerteventura y su avión tuvo que desviarse a Portugal por no poder aterrizar en la isla canaria. "Estábamos secuestrados".
Un caso dramático, el de una persona que falleció de un infarto en Barajas a las 20.00 horas del viernes, cuando tenía que estar a esa hora en su casa de San Sebastián, y que fue denunciado ayer por su hija Alaiz. "Si estas personas no hubieran hecho lo que han hecho, mi padre hubiera llegado a su destino y si hubiera tenido que morir, lo hubiera hecho rodeado de sus seres queridos", relató.
Rajoy y el talante. El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, dijo ayer, durante un acto público de su partido en Cáceres, que "tanto talante [de José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del Ejecutivo español] sólo le ha servido para decretar, por primera vez en la democracia de España, el estado de alarma". El Gobierno, dijo Rajoy, tuvo que recurrir al estado de alarma -que el PP apoyó en el Congreso de los Diputados- "porque no le quedaba otro remedio; hicieron las cosas tan mal que no les quedaba otra salida. "Ése es el efecto de quien no se toma las cosas en serio", sentenció el líder popular.