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Cada inmigrante paga 2.700 euros al año en impuestos

El aporte fiscal de los extranjeros supone el 0,95% del PIB andaluz.

el 05 sep 2010 / 19:34 h.

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Un marroquí recoge fresas en una plantación onubense.

Ocupan empleos de baja cualificación, en sectores de baja productividad y con salarios entre un 18 y un 30% más bajos que sus colegas autóctonos, pero la mano de obra inmigrante fue fundamental para el boom económico de los últimos años, precisamente por realizar actividades que la población local rechazaba y por menos sueldo.

Un estudio de las Universidades de Sevilla y Almería, con datos de 2006 -el último con superávit fiscal- revela que cada inmigrante pagó entre 2.647 y 2.741 en impuestos. En total, el aporte fiscal del colectivo -entre 1.294 y 1.340 millones- representó el 0,95% del PIB.

El mayor porcentaje de la tributación de los inmigrantes corresponde a las cotizaciones sociales y al IVA (35% cada uno), seguido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (10%), el IRPF(8%), los Impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco o los hidrocarburos (6%) y el IBI (3%), según los datos recogidos en La influencia de la inmigración en el crecimiento económico andaluz, coordinado por el profesor de Economía Aplicada de la Universidad almeriense Manuel Jaén.

Pero este estudio también constata que el bajo nivel de renta de los inmigrantes propicia que sean habituales usuarios de los servicios públicos y, el aumento de esta población por la reagrupación familiar ha disparado sus necesidades en aspectos del estado de bienestar como la educación y la sanidad, además del gasto específico que todas las administraciones realizan en programas de integración.

Así, el gasto público en cada inmigrante osciló ese año entre 3.501 y 3.953 euros y ascendió en total a 1.932 millones, el 1,2% del PIB

De los 5.519 millones destinados a educación, son atribuibles a los inmigrantes 226, lo que supone el 3,75% del presupuesto educativo cuando el alumnado extranjero representaba ya el 4,87%. En cuanto al gasto sanitario, de un presupuesto de 8.101 millones son imputables a pacientes extranjeros 382 millones, es decir, el 4,71%, también por debajo del 6,13% que suponía entonces la población extranjera.

Los números en frío arrojan una diferencia de entre 854 y 1.211 euros anuales entre lo que aporta cada inmigrante afincado en Andalucía de manera regularizada y el gasto público que supone.

El estudio no calcula esa relación para la población autóctona pero su coordinador reconoce que "sabiendo que ese año hubo un ligero superávit fiscal, la conclusión lógica es que se debió a que la aportación impositiva de la población autóctona superó a la de los extranjeros". No obstante, contrarresta esa visión parcial con el crecimiento demográfico y el rejuvenecimiento de la población que han traído los inmigrantes, sin obviar su aportación al incremento del PIB y del Valor Añadido Bruto (VAB).

Manuel Jaén explica que la baja aportación de los inmigrantes al VAB, un 1,6%, se debe a que normalmente trabajan en "sectores intensivos en trabajo y poco intensivos en capital físico que son poco productivos". La productividad se mide en función del producto medio por persona que trabaja en el sector y en la construcción o los servicios "se necesita mucha mano de obra y horas de trabajo pero invierten poco en maquinaria o instalaciones que aumentan la producción. Si además los inmigrantes perciben salarios más bajos su productividad es aún menor".

Construcción y servicios son los llamados "sectores de acogida" en los que los inmigrantes logran su primer empleo al llegar al país. Otros como el servicio doméstico se ha convertido en una especialización, sobre todo para las mujeres, al emplear a un tercio de los extranjeros. "Eso ha liberado a la mujer andaluza de esa actividad y facilitado su incorporación al mercado laboral, aumentando su productividad".

Los autores del estudio preparan una segunda fase para analizar los datos a partir de 2007. La crisis ha afectado a los sectores con más inmigrantes y la "competencia" generada con los autóctonos por puestos que antes rechazaban hace que su tasa de paro sea diez puntos superior con "consecuencias terribles, al no poder renovar los permisos de residencia ni mantener a sus familias". Sin embargo, "han seguido llegando cuando ya el país no tenía empleo que ofrecerles" y su futuro es incierto.

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