"Estamos hablando de meter a personas en la cárcel". Alfonso Galán, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ilustra con una frase la enorme importancia del Código Penal en el ordenamiento jurídico. España tiene Código Penal desde 1822, si bien el texto actual data de 1995. Desde entonces, se ha reformado 19 veces -según estudios del profesor y letrado del Tribunal Supremo Manuel Jaén Vallejo- y una nueva modificación, muy polémica y de gran calado, está siendo debatida en el Congreso.
Preguntado sobre si son demasiados cambios, Galán explica que "el Código Penal tiene que reformarse para adaptarse a la sociedad", si bien matiza que el legislador debe ser responsable para "no crear leyes de cara a grandes titulares de prensa, sino para crear un sistema penal preventivo y eficaz, a la vez que respetuoso con las libertades y los derechos de los ciudadanos". Este texto punitivo no nació con vocación inalterable. De hecho, periódicamente ha de ser necesariamente transformado, bien para adaptarlo a nuevas directivas europeas, bien para regular ciertos delitos que antes no existían. Es el caso, por ejemplo, de las conductas delictivas relacionadas con internet, muchas más y diferentes a las que existían en 1995.
Sin embargo, cada reforma provoca nuevos problemas a los jueces y, en la mayoría de los casos, se corre el riesgo de crear más inconvenientes técnicos de los que se solucionan. "Cuando tienes un texto legislativo regulado, con una finalidad positiva puedes descoordinar sus partes antiguas con las que introduces", relata Galán.
De unos años hasta ahora, cada reforma convierte el Código Penal en un texto más duro, de forma que la mayoría de los expertos opina que es uno de los más severos de Europa. En este sentido, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos Antonio Cuerda considera que la legislación punitiva condena delitos que preocupan a la gente. Eso hace, explica, que el Derecho Penal sea muy tenido en cuenta para atender la demanda endurecedora de la sociedad. Una demanda que, sin embargo, "no debe ser tenida en cuenta al calor de un delito".
Si la reforma que está ahora en el Congreso logra el respaldo parlamentario sería la número 20 en 15 años. Esta modificación prevé más pena para cargos públicos corruptos, para terroristas y pederastas e incluye la propuesta del PP de instaurar la cadena perpetua revisable. Dicha propuesta está tan directamente relacionada con casos como el de la niña onubense Mari Luz o la sevillana Marta del Castillo que el padre de la primera asesora a los populares en la materia.
En este sentido, tanto Galán como Cuerda están de acuerdo en que no tiene sentido legislar a partir de un caso concreto ni a golpe de titular periodístico.
Además, Cuerda asegura que en España, "de facto, tenemos cadena perpetua". Y es que las reformas penales de 2003, que en conjunto tocaron más de 190 artículos del Código, introdujeron entre otras cosas el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas hasta los 40 años de cárcel para quien cometa dos o más delitos (uno en los casos de terrorismo) y al menos uno de ellos esté castigado con más de 20 años de cárcel. "Con 40 años de condena, un joven de 20 puede salir vivo de la cárcel. Yo no", ilustra Cuerda.
Lo que prueba que muchas de las reformas se hacen de cara a la opinión pública es, según Galán, que la modificación que está ahora en trámite incluye muchos puntos interesantes que la gente no conoce porque al no ser polémicos no aparecen en los medios: "Se reconoce por primera vez de forma rotunda la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero lo que llama la atención son las reformas en temas como la libertad sexual".
El proceso. La reforma del Código Penal tiene que hacerse por tramitación de Ley Orgánica -una ley que emana de la Constitución-, por lo que necesita la mayoría absoluta de las dos cámaras parlamentarias para ser aprobada. Se trata, dice Galán, de "fomentar el consenso para darle estabilidad" a los futuros cambios. Para este experto, el sistema actual es razonable, si bien insiste en que las reformas penales deben hacerse con racionalidad.
