La investigación de la operación Genil, abierta para esclarecer el supuesto fraude a la Seguridad Social en la capital granadina, ha destapado la existencia de una posible trama para la obtención de permisos de residencia por parte de extranjeros a través de parentescos ficticios.
El subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, afirmó ayer que hay ya doce empresas "fantasma" relacionadas con la supuesta expedición de permisos de residencia falsos. Según señaló Cruz, cinco de estas empresas fueron investigadas y la Policía calcula que podrían haber defraudado hasta siete millones de euros, cantidad que posiblemente se verá incrementada cuando se compruebe la implicación de las otras siete sociedades implicadas.
La operación Genil hizo posible descubrir el entramado delictivo dividiendo las investigaciones en tres vertientes. Una de las vías abiertas, que la Policía sigue indagando, se centra en la cantidad de dinero que no se abonaba a la Seguridad Social por las filiaciones, las prestaciones percibidas por los trabajadores por desempleo y, lo que el subdelegado consideró "muy preocupante", la utilización de las filiaciones tanto a la Seguridad Social como al INEM para conseguir permisos de residencia por un número de extranjeros que las fuentes policiales aún tendrán que concretar.
Estas firmas de forma personal y directa eran dirigidas y controladas por un empresario, cuyas iniciales son C.I.A.N y con él colaboraba un cómplice J.R.C.C. El Juzgado encargado del caso ordenó la personación de la Seguridad Social y el INEM como posible parte afectada, para lo que los organismos designaron a sus correspondientes letrados, según indicó el subdelegado.
Cruz no pudo asegurar el número de imputados, entre los que se encuentran al menos cuatro empresarios ficticios, a los que se les atribuye un supuesto delito de insolvencia punible contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, mientras que a los trabajadores implicados se les considera presuntos autores de delitos de falsedad documental y estafa.
Las investigaciones se iniciaron después de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social detectara, en sus controles habituales en materia de recaudación, la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja y, tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y con los mismos trabajadores.
Obras también ficticias. Paralelamente a estos hechos, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectó la inexistencia de obras que justificaran el elevado número de trabajadores que las empresas tenían dados de alta, a pesar de que las empresas imputadas en esta investigación policial pertenecen al sector de la construcción.
El INEM también verificó que casi todos los empleados de estas empresas solicitaban prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
Después de una denuncia del INEM de Granada en septiembre del año pasado se puso en marcha el operativo policial, que puso al descubierto la existencia de un entramado integrado por al menos doce empresas en la modalidad de subcontratas.
En la constitución de las sociedades mercantiles figuraban domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión que sólo eran meros testaferros. Según afirmó el subdelegado, la operación sigue abierta a la espera de nuevos indicios delictivos.
