Más de mil mujeres habrían sido víctimas de las dos redes de explotación sexual que la Policía Nacional ha desarticulado en Málaga, Córdoba y Almería. La operación, que se ha saldado con 50 detenidos, se puso en marcha a raíz de las denuncias de las propias mujeres, que eran explotadas por estas redes, que también distribuían droga entre los clientes y obligaban a las víctimas a consumirlas.
Uno de los grupos desarticulado actuaba desde tres clubes ubicados en Málaga capital, Torremolinos y Córdoba. Los agentes detuvieron a un total de 38 personas, entre ellos todos los responsables de la organización, el dueño de los locales, los encargados, las madames y los porteros. La investigación comenzó en las comisarías de la Policía Nacional de Málaga y Córdoba gracias a las denuncias de varias mujeres que manifestaban ser víctimas de una organización que las obligaba a prostituirse. Las primeras pesquisas evidenciaron que dicho grupo era el responsable de la administración y control de los tres clubes. Los máximos dirigentes de esta organización habrían creado un complejo entramado mercantil para intentar ocultar las ilícitas actividades de la trama.
Los investigadores averiguaron que las mujeres eran obligadas a rotar entre los clubes por periodos de 21 días. Además, debían atenerse a estrictas normas en cuanto a vestimenta, horario de trabajo -con jornadas superiores a doce horas diarias durante al menos seis días a la semana- y un pormenorizado control del precio, duración y número de servicios sexuales. Paralelamente, la red había articulado una estructura de tráfico de drogas para abastecer de estupefaciente a los locales. En el desarrollo de la operación se detuvo a los tres proveedores de droga y se intervinieron numerosas dosis de cocaína y heroína preparadas para la venta, instrumentos de pasaje y dinero en efectivo. Los agentes registraron los tres clubes, así como cuatro domicilios particulares y la sede social de tres sociedades mercantiles.
La segunda red desmantelada actuaba en Almería, donde se detuvo a 12 personas y practicaron siete registros en los que se intervinieron 4.000 euros, cocaína, ordenadores y diversa documentación. Sus víctimas, procedentes de Sudamérica y del Este de Europa, vinieron a España con intención de ejercer la prostitución. Cuando llegaron a nuestro país, los encargados de las casas de citas donde iban a trabajar les obligaron a consumir sustancias estupefacientes y a distribuirlas entre sus clientes.
Las mujeres debían permanecer en las casas de alterne las 24 horas del día y sólo podían salir a la calle durante dos horas y con autorización previa. Además, debían pagar 20 euros por el uso de una cama litera que era compartida con otras diez chicas y únicamente percibían el 50% del importe que cobraban por los servicios. El resto del dinero era para los encargados.
