La Asamblea General de Caja Madrid rechazó ayer, con más de la mitad de los votos en contra, el nuevo proyecto de estatutos de la entidad adaptado a la normativa de cajas regional que aprobó el Gobierno de Aguirre en diciembre, dos meses después de que comenzara el proceso electoral de la caja.
Según informaron fuentes cercanas a la Asamblea y de Caja Madrid, 157 consejeros generales, de los 296 presentes en la reunión extraordinaria, votaron, en urna, en contra de la propuesta, 87 estuvieron a favor, 51 se abstuvieron y hubo un voto nulo.
Tanto la nueva Ley de Cajas regional como la normativa anterior de 2003 recogen que al no ser aprobados los estatutos por la Asamblea, el Gobierno autonómico podría imponerlos en el plazo máximo de un mes, aunque la caja ha confiado siempre en que la decisión de la Asamblea sea "respetada por todos, sin imposiciones por parte de nadie".
Durante la reunión de ayer hablaron, además del presidente de la entidad, Miguel Blesa, 10 consejeros (tres representantes de CCOO, dos de IU, uno del PSOE, uno de la Asociación de Cuadros y tres independientes), de los cuales ocho se mostraron en contra de los nuevos estatutos, uno a favor y otro en defensa de la abstención. Ningún representante del PP, ni del Ayuntamiento de Madrid ni de la Comunidad, tomaron la palabra.
Tanto los ocho consejeros que defendieron el rechazo a los estatutos como el del PSOE que apostó por la abstención pidieron que se vuelva a la senda del diálogo y el consenso "que ha presidido la entidad en los últimos años".
En este sentido, el secretario de Política Institucional de CCOO Madrid y consejero general, Jaime Cedrún, que habló en la Asamblea, explicó a Efe que habían pedido a la Comunidad que reconduzca la situación y no imponga los estatutos porque supondría "judicializar la caja durante los próximos meses".
Aunque no tomaron la palabra en la Asamblea, defensores de la postura de Aguirre consideraron que la reunión había supuesto un "acto de rebeldía inconcebible y sin precedentes" en una entidad privada contra una Ley de Cajas aprobada por un Gobierno "que han elegido los madrileños".
Las mismas fuentes explicaron que Blesa justificó ayer su rechazo a los estatutos e instó al voto en contra a los asistentes. Los cercanos a Aguirre defienden que la reforma legal es plenamente homologable a todas las demás leyes autonómicas, que "son constitucionales" y creen que Blesa sólo busca perpetuarse en el cargo.
En contra de esta postura se mantienen CCOO, IU y el Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado un recurso contra la reforma de los estatutos porque el nuevo proyecto reduce su representación en los órganos de gobierno de la caja de ahorros en 46 consejeros.
En los tres últimos Consejos de Administración de la caja, 14 de sus 21 miembros -los representantes del Ayuntamiento, de CCOO, de IU y uno de los del PSOE- han mostrado su firme rechazo a la nueva ley de cajas, que califican "anticonstitucional".
