El Ayuntamiento quiere que Cajasol rebaje la altura de su torre, pero la entidad financiera no renuncia a los 178 metros previstos. De hecho, pidió ayer que el propio Gobierno del PP defienda el rascacielos diseñado por César Pelli ante la Unesco. El conflicto está servido.
El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, explicó ayer que el Consistorio le va a requerir "encarecidamente" a Cajasol-Banca Cívica que paralice las obras de la torre y que rebaje su altura para que no peligre el sello de Patrimonio de la Humanidad de la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar, algo que la Unesco no decidirá hasta junio. Pretende negociar este cambio en el proyecto, pero si no logra el consenso tomará "medidas cautelares", es decir, ordenará la paralización de los trabajos e iniciará los trámites para revocar la licencia de obra, un permiso que hasta Vílchez asegura que es legal pero que ahora "entra en colisión" con los intereses generales.
Todo por una resolución, que no es la definitiva, de un órgano asesor de la Unesco, Icomos Internacional, que ha advertido tras una visita a Sevilla el pasado noviembre del "impacto excesivo y sin duda negativo" del rascacielos de 178 metros (80 más que la Giralda) sobre el "territorio de transición y la percepción de los tres monumentos" declarados Patrimonio Mundial.
Vílchez no descartó que los sevillanos tengan que pagar "compensaciones" al promotor, Cajasol (que podría reclamar más de 200 millones), ni que el asunto acabe en los tribunales. Todo dependerá de si hay o no acuerdo. Lo cierto es que el Ayuntamiento no defenderá el proyecto ante la Unesco, como pide Cajasol.
A la pregunta de si el informe que tiene que presentar el Estado español antes del 1 de febrero ante la Unesco -que realizarán las áreas municipales de Urbanismo y Cultura- rebatirá los argumentos de Icomos y defenderá la convivencia de la torre con el patrimonio protegido, Vílchez fue contundente: "Con el informe de Icomos está clarísimo. No tenemos que rebatir nada. Nosotros no somos el promotor, es Cajasol, y el Ayuntamiento tiene que velar por los intereses de Sevilla desde el punto de vista turístico, paisajístico y del empleo". Sin embargo, el Ayuntamiento concedió la licencia de obra y España ya defendió en dos ocasiones anteriores, con sendos informes del Consistorio, el proyecto ante la Unesco, en 2009 y 2010. De hecho, Cajasol no tiene interlocución, sólo el Estado. Ahora, en cambio, el PP se desmarca.
El alcalde, Juan Ignacio Zoido, ya conversó con el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, el día que recibieron el informe de Icomos y anunció nuevos contactos para este lunes. Apostó por el diálogo y el consenso, pero añadió que no consentirá perder la declaración de Patrimonio Mundial.
Por su parte, Cajasol replicó ayer que su proyecto es "absolutamente viable y respetuoso con el entorno y los edificios calificados Patrimonio de la Humanidad", que el informe de Icomos es "absolutamente provisional", que tiene errores como decir que la torre está a 600 metros de los bienes protegidos cuando está a 1.700, que ningún miembro de la Unesco visitó Sevilla para ver in situ la obra y que la Unesco no ha considerado en ninguno de los tres comités en los que se ha tratado el asunto de la torre la posibilidad de incluir los tres monumentos en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. De hecho, añade que este último informe de Icomos "ni siquiera lo solicita (al contrario de cómo se hizo en el informe del 2009)".
Además, Cajasol respondió al alcalde y aseguró que acometió este proyecto "como parte de su compromiso de desarrollo de Sevilla como su ciudad sede". Antes, Zoido había apuntado que la sevillana caja de ahorros no permitiría ser la causa de que Sevilla sea excluida de la lista de ciudades con Patrimonio de la Humanidad. Incluso Vílchez dejó caer que al ser una entidad sevillana debe velar por los intereses de sus impositores.
Lo cierto es que el Gobierno del PP cree que peligra el sello de Patrimonio Mundial de los tres monumentos y que de perderlo sería "desastroso" para el turismo, el empleo y los intereses de los sevillanos, alegó Vílchez sin datos en los que basarse. A su juicio, la ciudad no podría acceder a ciertos circuitos internacionales de turismo y, si está en la lista de ciudades con Patrimonio en Peligro, no podría solicitar dicha catalogación para la Semana Santa, la Feria y la Torre del Oro, como quería. Todo por "una decisión heredada" tomada por el anterior Gobierno PSOE-IU, recalcó.
Sin embargo, el PP ha esperado al informe de Icomos para pedirle a Cajasol que pare y reconsidere el proyecto. "Iba a venir una misión de Icomos, ¿para qué adelantarnos? Para nosotros era determinante su opinión", alegó el delegado. No obstante, hay que recordar que los dictámenes de Icomos España e Icomos Internacional siempre han ido en la misma línea.
Además, Vílchez también justificó la decisión municipal en que hasta ahora la torre no había llegado a los 63 metros. "Antes era sólo un proyecto", dijo.
El responsable de Urbanismo, quien avanzó que se debatirá el tema en el Pleno municipal, ni siquiera quiso decir a qué altura considera el Ayuntamiento que debe quedarse la torre. Sólo apuntó que lo deben decir los expertos y que la Giralda podría ser una referencia. También abogó por que la obra en los edificios a los pies del rascacielos sigan para no perjudicar al empleo creado y en que no hay fecha tope para negociar. Eso sí, antes del 1 de febrero el Consistorio tiene que tener listo el informe a entregar a la Unesco. "Nos daremos toda la prisa del mundo", garantizó.
Sobre las posibles compensaciones a Cajasol por pararle una obra legal, aunque están abiertos dos contenciosos-administrativos presentados por la plataforma Túmbala, Vílchez sólo afirmó que los "efectos" del posible acuerdo se verán y que la Junta y el Estado también tendrán que asumir responsabilidad, puesto que la licencia incluía informes de ambas administraciones.
