Cajasol se presentará al concurso para gestionar Isla Mágica. Ante la falta de empresas interesadas, el principal accionista del parque aprobó ayer seguir apostando por el recinto de ocio. De lo contrario, Isla Mágica se podría ver abocada al cierre.
El consejo de administración de Cajasol autorizó ayer que, por su parte, los órganos de dirección de Pimsa (Parque Isla Mágica SA) presenten una oferta a la Junta para seguir gestionando el parque temático, según explicaron ayer fuentes del consejo consultadas por esta redacción. Cajasol, con el 74% del accionariado de esta sociedad, respalda así su continuidad al frente de este recinto, que ya atravesó una grave crisis hace ahora tres años.
Ésta sería la segunda vez que la caja salva el parque, puesto que El Monte y San Fernando evitaron que Isla Mágica cerrase cuando presentó suspensión de pagos en 2005 ante las deudas que acumuló con sus acreedores.
De hecho, Cajasol casi se ha visto obligada a presentarse a este concurso convocado por la Junta, puesto que no parece que se vayan a presentar otras ofertas antes del 14 de octubre, día en el que acaba el plazo para optar a la gestión del parque.
Según informaron fuentes cercanas a Isla Mágica hace unos días, la caja "no tiene especial interés" en quedarse con el parque, pero "siempre ha mostrado su apoyo a los proyectos emblemáticos de la ciudad". De esta forma, si no surge ningún ofertante, la caja tiene planteado quedarse con el 100% de Isla Mágica "aunque también podría hacerse un reparto en paquetes de las acciones y que Cajasol se quede con uno de ellos".
Lo cierto es que para la caja de ahorros, Isla Mágica no es un activo estratégico, pero tampoco está dispuesta a dejar caer un proyecto muy importante para la economía de la ciudad. En la actualidad, Cajasol posee el 74% del accionariado, mientras que Unicaja posee un 12,3% de acciones. Ogden International Europe cuenta con un 4,9%, Aldeasa un 3,1%, el Ayuntamiento de Sevilla otro 3,1% y Acciona un 2,4%.
La sociedad formada por Martín Casillas e Inverco era la única interesada en la gestión del parque, pero las condiciones impuestas por la Junta frenaron sus aspiraciones. Uno de los escollos era que el proyecto urbanístico propuesto no podía ser asegurado antes de desembolsar las grandes cantidades que requiere la reflotación del parque.
Tras quedar desierto el concurso por primera vez, la Junta rebajó el canon en 2,2 millones, pero la inversión necesaria para seguir con el parque es muy alta. El nuevo adjudicatario dispondrá del parque durante un máximo de 50 años y un mínimo de 30 y tendrá que pagar al año 330.939 euros para los primeros cinco años; 584.585 euros para los cinco siguientes; y en 1,3 millones de euros a partir del undécimo año hasta el final de la concesión. También se tendrán que pagar las inversiones ya realizadas, los activos no amortizados y la marca (30 millones de euros), más los 4,8 millones de deuda del parque. Asimismo, la empresa deberá asumir a la actual plantilla.
Como contrapartida, el parque recibirá unos 50.000 metros cuadrados más para uso terciario (hoteles, restaurantes, oficinas).
