La Junta publicó las condiciones que tienen que cumplir las empresas para gestionar Isla Mágica. El 12 de mayo se sabrá si el parque es atractivo para las empresas o si éstas no lo consideran rentable tras los requisitos impuestos por el Gobierno andaluz en el nuevo concurso de explotación.
El nuevo dueño dispondrá de la cesión del recinto, como mucho, durante 50 años, tendrá que mantener la actividad y garantizar los puestos de trabajo (una masa salarial bruta anual de 4 millones de euros).
Pero eso no es todo. Según reza en el BOJA de ayer, antes de dos meses desde la adjudicación provisional del contrato, la empresa ganadora tendrá que llegar a un acuerdo con los actuales dueños (Cajasol tiene el 70% del accionariado y Unicaja el 12%) para pagarles las inversiones ya realizadas, los activos no amortizados y la marca (casi 30 millones), así como deberá liquidar la deuda del parque: 4,8 millones. Y lo más importante, pagar religiosamente el canon impuesto por la Junta y Agesa (propietarias del suelo).
Aquí radica el conflicto. Los trabajadores e incluso la dirección del parque lo ven excesivo, si bien esta última espera que no sea un escollo. Hasta ahora, el canon anual era de 900.000 euros. En el nuevo concurso se fija en 330.939 euros los cinco primeros años; 584.585 euros el sexto y séptimo, y en 1,3 millones a partir del octavo, cuando el parque dispondrá de 45.407 metros de edificabilidad extra para abrir comercios, oficinas, hoteles...
En estas cantidades se incluye un canon de 100.000 euros de alquiler a Agesa por el Pabellón de España, así como el arrendamiento de una parcela de la Junta junto al puente de la Barqueta (usada ahora como aparcamiento) donde se podrá levantar un edificio de 12.000 metros cuadrados para hotel, oficinas o tiendas. La nueva fuente de ingresos.
Las empresas más interesadas, hasta ahora, en la compra del parque eran Martín Casillas e Inverco, que estudian las condiciones del nuevo concurso, mientras que Parques Reunidos mostró su intención de pujar, pero sólo si halla un socio para desarrollar la parte inmobiliaria. La valenciana Aqualandia parece desmarcarse, probablemente por el mal momento que atraviesa el sector inmobiliario.
Según las condiciones del concurso, las propuestas económicas primarán. Se valorará, por este orden, la mejora del canon, la cuantía del aval bancario y la garantía del pago de dicho canon, así como la reducción del plazo de explotación, fijado en 50 años.
