Cajasur ha presentado dos querellas contra el que fuera director general de la entidad de 2002 a 2005, Francisco Jesús Jurado, y contra el empresario Rafael Gómez, más conocido como Sandokán, presidente del grupo Arenal 2000. A ambos les acusa de sendos delitos societarios que podrían haber causado a la caja perjuicios superiores al millón de euros.
A Rafael Gómez se le acusa de un delito de apropiación indebida y un delito societario de administración desleal reclamándole 849.000 euros. En 2004, Gómez compartía al 50% la propiedad de la promotora Arenal Sur 21 con Cajasur aunque era él quien se encargaba de la gestión de la empresa.
La entidad financiera considera que en una de las operaciones que realizó se causó un perjuicio patrimonial de un millón de euros a Arenal Sur 21. El polémico empresario, también implicado en la Operación Malaya, contrató a otra empresa para un "encargo imposible y ficticio" según fuentes de la caja. Gómez pagó a una empresa para que intermediara con el Ayuntamiento de Manilva (Málaga) con el objeto de modificar el grado de edificabilidad de unos terrenos en esta localidad.
La edificabilidad allí era de 4.200 metros cuadrados si bien el empresario cordobés solicitaba a esta empresa que convenciera al ayuntamiento para que se elevara a 39.000 metros cuadrados; un fin de "imposible cumplimiento" según Cajasur. Al titular de la empresa de servicios contratada, contra el que también se querellan, le reclama la misma cantidad.
La otra querella es contra Francisco Jurado, último director general de Cajasur en la etapa de Miguel Castillejo y mano derecha del sacerdote entre 2002 y 2005. La caja considera que Jurado vulneró la normativa interna de la entidad financiera al no respetar los controles estipulados para la concesión de determinados créditos. En concreto, se refiere a dos créditos que concedió a una empresa que pretendía comprar suelo sin contar con las necesarias garantías. La caja sostiene que además el propio Jurado habría cobrado por la concesión de estos créditos comisiones de 180.000 euros a través de una empresa que compartía con su esposa.
Los hechos que ahora se denuncian "afloraron" después de que el actual presidente, Santiago Gómez Sierra, ordenara una investigación interna en febrero de 2007. Igualmente, han sido puestos en conocimiento del servicio ejecutivo de prevención de blanqueo de capitales, organismo adscrito al Banco de España, lo que ha propiciado también una investigación paralela de la Fiscalía Anticorrupción.
A través de un comunicado, Cajasur explicó que ambas querellas responden a la "ineludible responsabilidad social de Cajasur en defensa de sus intereses corporativos y su reputación". También simboliza el interés del consejo de administración por ser trasparentes, diligentes y conservar el buen nombre de la institución. Además, se sustentan las querellas en la persecución de cualquier conducta que pudiera ser lesiva para la caja y en su objetivo de exigir las reparaciones posibles al daño sufrido.
La caja aclara no obstante que el daño sufrido "no compromete en modo alguno la solvencia y fortaleza de la caja" y recuerda que la demanda se interpone por hechos que tuvieron lugar en anteriores ejercicios.
El presidente de Cajasur, Santiago Gómez Sierra, señaló ayer que la caja cordobesa, que "tiene obligación de administrar bienes ajenos", pretende con estas querellas "mantener la transparencia y defender sus propios intereses".