El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha puesto de nuevo en primera línea del debate público la instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública. En este caso, no se trata de la colocación de dispositivos de prevención frente a posibles robos. Ahora, insinúa su puesta en marcha para "espantar" a los clientes de las mujeres que ejercen la prostitución en la vía pública. Como en los anteriores supuestos, habrá quien se muestre contrario a la habilitación de estas cámaras al entender que vulnera el derecho a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos.
Sus razones tendrán, pero no parece que la videovigilancia vaya a convertir las calles sevillanas en un remedo del Gran Hermano de Orwell en el que un ojo vigilante ejerce de represor policial de la libertad de los ciudadanos. Eso será en las novelas de ciencia ficción y en los regímenes totalitarios, pero no en un país como España, que cuenta con garantías judiciales para evitar que se cometan tropelías en nombre de la seguridad. Las cámaras sólo se instalarían en el caso de ser aprobadas por la comisión de vigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
No hay, por tanto, que envolverse en banderas libertarias un tanto trasnochadas. Las cámaras suelen ser eficaces y ya se usan sin mayor polémica: ¿O es que alguien se siente ultrajado porque haya cámaras que vigilan la velocidad en las carreteras o la seguridad en la Feria de Abril? Ahora bien, es cuestionable que se ponga el acento en "espantar" a los clientes. En todo caso, habrá que cercar a los proxenetas, que son quienes explotan a las mujeres y sacan dinero vejándolas. Y, en segundo lugar, cualquiera observa la incoherencia de apoyar las cámaras para vigilar la prostitución y vetarlas para el comercio, como ha hecho su socio de IU anteponiendo su visión de la libertad frente a la de la seguridad. O para todos o para nadie.
