Rajoy prometió implantar el contrato de inmigración si ganaba las elecciones. No lo hizo, pero algunos de sus barones autonómicos sí tienen potestad para cumplir la promesa electoral de su líder, al menos en sus regiones. Francisco Camps será el primero en hacer lo propio en Valencia.
El conseller valenciano de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, anunció ayer que la futura Ley de Integración del Inmigrante de la Generalitat Valenciana contemplará un compromiso de integración por el que los inmigrantes deberán asumir "nuestro modelo de convivencia y nuestra escala de valores".
Blasco definió Valencia como una "tierra de oportunidades" a la que puede venir cualquier persona, aunque manifestó la necesidad de que estas personas se integren en los valores, costumbres, tradiciones y sistema de convivencia valencianos para "no perder la cohesión social de la región". "El no cumplimiento del compromiso hace imposible la integración", subrayó el conseller, quien afirmó que las más de 80.000 personas que viven en la Comunitat de forma irregular "no tienen las circunstancias personales adecuadas para la integración".
La propuesta no fue bienvenida desde la oposición valenciana. La diputada autonómica socialista en las Corts, Nuria Espí, reaccionó pronto ante el anuncio y calificó de "discriminación negativa" la sugerencia de Blasco. Espí aseguró que el PPCV "pretende llevar a las comunidades en las que gobierna las propuestas del programa electoral que los ciudadanos rechazaron en las elecciones generales". "Evidentemente, el PP no acepta una derrota", dijo.
En Cataluña. Mientras tanto, desde Cataluña, la Generalitat anunció también ayer que fijará el tope de inmigrantes que podrán escolarizar en cada área los centros educativos, para evitar los guetos, y dará a las escuelas una mayor autonomía de gestión que les permitirá incluso definir y un currículum académico propio.
Éstas son algunas de las novedades que recoge el anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña, que renuncia a la pretensión del departamento que dirige Ernest Maragall de abrir la escuela a la iniciativa privada.
Maragall concretó que el tope será diferente en función de las zonas educativas, que deberán reflejar la realidad sociológica de su entorno, aunque afectará por igual a escuelas públicas y concertadas.
Además, la Generalitat prevé que los centros con menos inmigrantes puedan incrementar en un 10% el número máximo de alumnos en sus aulas para poder dar cabida a estos estudiantes.
