Amenos de un mes de la celebración de las elecciones europeas, el PP se ha topado con una situación muy embarazosa de la que le va a resultar difícil salir sin herida alguna. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha citado a declarar el 19 de mayo al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a su número dos en el PP de esta comunidad, Ricardo Costa, para que aclaren si la trama corrupta de Francisco Correa les regaló trajes a cambio de la concesión de contratos con la Administración.
Lo de menos es que semejante escándalo político -la declaración ante un juez de un alto cargo acusado de corromperse- se vaya a producir a sólo dos días del inicio de la campaña de las europeas. Lo grave es el hecho en sí: después de meses de informaciones que ligaban a Camps con el grupo que montó el empresario madrileño afín al PP, el presidente de la Generalitat Valencia ya ha sido imputado en el caso.
Hasta ahora, el comité de garantías del PP ha decidido la suspensión de la militancia de los afiliados que han sido imputados en el caso Gürtel, pero es improbable que lo vaya a hacer en el caso de sus dirigentes valencianos. El PP no está por la inmolación y aguantará el temporal de acusaciones a sabiendas de que es mejor caer en una contradicción evidente que dice bien poco de su coherencia antes que mantener el criterio seguido hasta ahora y expulsar del partido nada menos que al presidente de la Generalitat.
Otra cosa es el futuro que le espera a Camps, uno de los políticos con mayor ascendencia en la formación popular y a quien le resultará muy difícil recuperar su crédito político después de lo sabido hasta ahora. Puede que no se pruebe que favoreció a la trama de Correa, pero dos testigos acreditan que los acusados del Gürtel le pagaban trajes a medida en Milano, algo que no es ilegal pero que dice bien poco de la conducta ética del principal dirigente político de una comunidad de casi cinco millones de habitantes.